«Honor y gloria a nuestros héroes en patrulla eterna» reza una bandera argentina expuesta en el exterior de los juzgados de Ríos Gallegos (ciudad a 2,500 km al sur de Buenos Aires) que muestra también los rostros de los 44 tripulantes que en 2017 perdieron la vida a bordo de un submarino de la armada.

La justicia argentina trata de dirimir si el accidente fue o no evitable. La hipótesis expuesta en el tribunal ante los cuatro ex oficiales de la Armada acusados es que «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio», según la Fiscalía. Los informes indicaron que se había excedido el plazo de reparación recomendado en 26 meses y que el deterioro significó «un aumento del riesgo en desmedro de la integridad física de sus tripulantes».

Aunque residentes de Buenos Aires, el juicio se está celebrando lejos de la capital, lo que ha causado que ningún familiar de las 44 víctimas haya podido acudir a la apertura del juicio. «Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad», explicó la abogada Valeria Carreras, representante de 34 familiares.

La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió que entrara agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborar deberían reflotar los restos, un operativo millonario.

Maltratados por la justicia e instituciones argentinas, los familiares de las víctimas temen la absolución de los acusados. No se conoce lo que pasó exactamente en la nave, y eso puede determinarlo todo.