En esta legislatura ha tenido lugar una tentativa del PNV y el PSOE, mediante una propuesta de ley de abril de 2018, de proceder a una reforma regresiva y limitadora de derechos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), especialmente, pero no solo, en relación con la cuantía de la prestación. Por supuesto que no se plantea dejar sin efecto los recortes que se produjeron en el 2011, en cuanto a los requisitos de acceso y en el 2012 en cuanto a las cuantías (reducción del 7%), consolidados tras no aplicar los incrementos del salario mínimo. Simultáneamente, la mayoría sindical y un gran número de redes y colectivos sociales, exigían la retirada de la propuesta de ley, la anulación de los recortes y la extensión de nuevos derechos. El choque entre las propuestas se ha saldado con un «empate técnico» al no haberse aprobado la ley por el temor –electoral y de imagen– de sus proponentes de apoyarse para ello en el PP, a pesar de reconocer algún dirigente de los partidos del gobierno que tenían acuerdos con él sobre algunos elementos de la reforma. Por su parte, el movimiento social no ha logrado imponer sus propuestas. En la negociación de los presupuestos de la CAV para 2019, EH Bildu formuló propuestas, que en algún momento parecía que podían haber sido estimadas por el PNV, al menos parcialmente, para conseguir la aprobación de los presupuestos, pero finalmente fueron rechazadas.

Asistimos durante estos días a un relato sobre la historia de las ayudas sociales en la CAV que las hace aparecer como iniciativas institucionales producto de la buena voluntad del Gobierno Vasco.

En el año 89 se aprueba un Plan Integral contra la pobreza que derivará en Ley en 1990. No surgieron de la nada. Según el informe sobre La Pobreza en la CAPV del año 1983, el 38,5% de los hogares se encontraba en situación de pobreza, un porcentaje superior a la media europea y que afectaba especialmente a los hogares encabezados por mujeres, sobre todo si tenían más de 65 años de edad y a los jóvenes menores de 25 años. En los años posteriores se producirían aún más cierres de empresas, pero también potentes luchas obreras, de las que Euskalduna y Altos Hornos son las más emblemáticas, pero no las únicas.

En este escrito queremos recordar especialmente las iniciativas populares y sociales que, una década más tarde, tuvieron un alto protagonismo en la explicación de las causas de la pobreza y de las soluciones a la misma.

En el citado Plan contra la Pobreza al IMI se le asignaba la función de cubrir los gastos básicos para la supervivencia, mediante el complemento de los ingresos de que se pudiera disponer. Su cuantía para los hogares unipersonales era equivalente a 198 euros mensuales en 1991 y su relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para ese año, de 320 euros, era del 61%. A pesar de esa baja cuantía del IMI, como resultado de una cierta mejoría económica y de las nuevas prestaciones del IM y las AES, según la Segunda Encuesta de Pobreza de 1996, esta conoció un relativo descenso en esos años, pero se mantenía en altos niveles tanto bajo la forma de la «pobreza de mantenimiento», que puede deberse a motivos coyunturales, como la de acumulación o cronificada.

En ese contexto de un desempleo del 20% que daba lugar a una nueva pobreza de raíz laboral, unas prestaciones de desempleo de duración limitada para hacer frente al desempleo de larga duración y con una IMI claramente insuficiente, surgió una importante iniciativa social. En el año 1995 la plataforma Gogoa, que agrupaba a gente de la izquierda soberanista vasca y de organizaciones cristianas de base, desarrolló contactos con numerosas organizaciones para constituir una comisión promotora de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Inicialmente fue apoyada por el conjunto del movimiento sindical vasco, si bien el peso determinante fue aportado por el sindicalismo soberanista. El 20-12-1996 se presentó la ILP en el Parlamento Vasco y se inició una compleja recogida de firmas –autentificadas ante notario–, consiguiendo el gran éxito de obtener 82.000 firmas, que se presentaron en julio de 1997. La ILP supuso la primera experiencia de un nuevo mecanismo legislativo y se desarrolló como una gran movilización popular, con la participación de más de 150 grupos de todo tipo –sindicatos, organizaciones feministas, asociaciones de vecinos, grupos de la iglesia, culturales...– lo que sin duda contribuyó a que, en noviembre de ese año siguiente el Parlamento acordase su toma en consideración. La ILP proponía un combate contra la pobreza basado en primer lugar en un cambio sustancial en la política laboral y social del Gobierno Vasco mediante la creación de empleo, el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada –inicialmente a 35 horas semanales y después a 32 horas.

En la Exposición de Motivos de la ILP se recogía que para reestablecer los derechos de ciudadanía era necesario introducir en el ordenamiento laboral criterios correctores de «los desajustes sociales producidos por la economía de libre mercado». La «renta básica» o el «salario social» como también se la llamó era concebida como una prestación complementaria basada en las limitaciones competenciales del Gobierno Vasco en materia laboral y en la oposición de la patronal a la adopción de las medidas sociolaborales propuestas.

Tras una larga tramitación parlamentaria, con comparecencias en el Parlamento de dos representantes de la comisión promotora de la ILP (uno de los cuales fue nuestro compañero fallecido el 2 de abril de 2018, José Ramón Castaños) que mantuvieron ásperas discusiones con representantes del PNV y del PP, en diciembre del año 2000 fue aprobada la Ley de Carta de Derechos Sociales. La ley abordaba los temas de la ILP pero con un contenido sustancialmente «aguado», tanto en las consideraciones políticas como en las medidas prácticas. Así, el objetivo de garantizar el acceso al trabajo y a una renta básica que se contenía en la ILP pasa a ser en la Ley «posibilitar» esos derechos. El reparto del trabajo pasó a ser la fórmula poco constrictiva de «promoción del empleo». La cuantía de renta básica que en la ILP era la del SMI –que era de muy baja cuantía– pasa a ser del 75% del SMI y se introducen requisitos restrictivos para el acceso a la misma que no se contenían en la ILP, como la certificación del estado de necesidad de la persona solicitante. La inserción laboral se establece no como un derecho sino como una obligación para percibir la renta básica. Sin embargo, la batalla de la ILP produjo efectos duraderos en el movimiento social. Así, en febrero de 1999, ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS lograron un acuerdo con el Gobierno Vasco para implantar la jornada de 35 horas en el sector público. El 21 de mayo de ese mismo año los cuatro sindicatos citados convocaron una jornada de huelga en Hego Euskal Herria –que fue también apoyada por UGT y CCOO para la CAPV– en reivindicación la jornada de 35 horas para el conjunto de los sectores productivos y del salario social y que fue muy ampliamente seguida en la CAPV. Aunque no se logró la jornada de 35 horas para el sector privado, debido a la oposición frontal de Confebask, esa reivindicación ha permanecido en el horizonte reivindicativo y puede –y debe– plantearse como un objetivo básico.