La anormalidad política que vive Euskal Herria no solo tiene reflejo en aspectos como la reacción del Estado español al desarme de ETA o el mantenimiento de una política penitenciaria de excepción. La anormalidad política se palpa también en la inusitada cantidad de maniobras que realiza el Ejercito español en nuestro territorio, así como en ostentar el récord de mayor densidad de policías por habitante de toda Europa. La presencia de las FSE se siente especialmente en nuestras carreteras con casi siete controles de media diaria, a tenor de los datos que hoy suma y recoge GARA. La mayoría se justifica aduciendo su carácter «fiscal». Sin embargo, cinco años después del fin de la actividad armada de ETA todavía uno de cada ocho se clasifica en el epígrafe de «terrorismo», otros tantos aparecen en el apartado genérico de «preventivos» y casi la misma cantidad en «otros». Endebles explicaciones para semejante despliegue de medios. Todo ello lleva a pensar que tal vez la única función real que cabe atribuir a tanta actividad en las vías públicas sea precisamente la de la exhibición, la de mostrarse para recordar a la ciudadanía vasca que las FSE no se han ido, continúan aquí aunque su presencia no la reclame nadie.

Hubo un tiempo en el que el repliegue de las FSE se planteaba de forma paralela a la asunción por parte de la Ertzaintza y la Policía Foral de sus funciones y se reconocía ligado al fin de la acción armada de ETA en voces como la del entonces ministro de Interior Jaime Mayor Oreja. Ese día ha llegado pero la cuestión todavía no tiene el hueco que debe en la lista de las prioridades políticas. Esa ausencia contrasta vivamente con la tenacidad con la que se reclaman a Madrid otras cuestiones, algunas de dudosa utilidad y que buena parte de la sociedad rechaza, como por ejemplo el TAV. Avanzar hacia la paz no es solo retórica, es también asumir compromisos y situar cuestiones lógicas, importantes y hasta inevitables, como esta de la desmilitarización, en el centro de la agenda institucional.