De esta manera, los concentrados, que han sido posteriormente desalojados por la Ertzaintza, han criticado el endurecimiento de los requisitos para el acceso de las diferentes prestaciones sociales, la reducción de las cuantías de la mismas y «los incumplimientos sistemáticos» de la normativa que las rige o de las recomendaciones del Ararteko sobre esta materia, así como «las continuas campañas de criminalización» sobre las personas perceptoras por parte de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
Los colectivos convocantes han explicado en un comunicado que el origen de la ocupación de la oficina es también «la desesperación existente en cientos de familias sin ingresos, parados que han agotado las prestaciones, solicitantes de ayudas para el alquiler, perceptores de pensiones mínimas».
«Todas estas circunstancias, y algunas más, se agolpan en las oficinas de Lanbide a la espera de gestionar y resolver los trámites para acceder a las diferentes prestaciones sociales», han manifestado.
En esta línea, los movimientos sociales han criticado, además, que al aumento de las solicitudes se une «la falta de operatividad» de las oficinas de Lanbide encargadas de tramitar las peticiones, la existencia de «fallos» en el sistema informático, así como «la escasez» de personal y el establecimiento de un sistema de atención con cita previa «que está dilatando los expedientes».