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DUBLÍN

Irlanda aprueba el tratado europeo con el 60,3% de los votos

Los irlandeses han aprobado en referéndum el pacto de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea al ser refrendado por el 60,3% de los votos. El texto ha sido rechazado en cinco de las 43 circunscripciones.

Inicio del recuento en un colegio electoral de Dublín. (Peter MUHLY/AFP)
Inicio del recuento en un colegio electoral de Dublín. (Peter MUHLY/AFP)

Según los datos oficiales dados a conocer hoy, los votos negativos han alcanzado el 39,7% en la consulta celebrada ayer, mientas que la participación se ha situado en torno al 50,6%, casi nueve puntos menos que en el referéndum de 2009, cuando se ratificó el tratado de Lisboa.

El texto comunitario ha sido rechazado en cinco de las 43 circunscripciones irlandesas, dos en el condado noroccidental de Donegal, muy castigado por la crisis, y en tres distritos de Dublín con una fuerte presencia de clase trabajadora.

«Estamos encantados con los resultados, que suponen un paso más hacia la recuperación», ha celebrado el ministro irlandés de Justicia, Alan Shatter, en nombre del Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas.

Su colega laborista Pat Rabitte, titular de Educación, ha recordado que «aún queda mucho por hacer» y que el Gobierno no puede «dormirse en los laureles» tras esta victoria.

El presidente del Sinn Fèin, Gerry Adams, que junto a la Alianza de la Izquierda Unida, ha liderado la campaña del «no», ha lamentado que el electorado haya acudido «con miedo» a las urnas para aceptar un tratado que impondrá más austeridad en un país que sobrevive gracias al rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, Irlanda se convirtió a finales de 2010 en el segundo país europeo, tras Grecia, obligado a aceptar el programa de ayuda de la UE y el FMI, por 85.000 millones de euros, y tiene en vigor un estricto plan de austeridad que este año le obligará a ahorrar 4.200 millones de euros.

El tratado de estabilidad que ha sido sometido a votación prevé imponer estrictas políticas presupuestarias a los Gobiernos de la Unión Europea.