A los efectos de este decreto, se considerará violencia de motivación política aquella que se haya producido entre 1960 y 1978, concurriendo las siguientes condiciones: haber sido ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, con la intención de influir en la sociedad, y haberse llevado a cabo en un contexto de impunidad, lo que dificultó tanto la investigación de los hechos como el propio reconocimiento y reparación de las víctimas.

Pueden acogerse a las ayudas los familiares de los fallecidos por actuaciones policiales o parapoliciales entre el citado periodo, o quienes sufrieron heridas invalidantes. Entre quienes pueden solicitar las ayudas se encuentran las famlias de Angel Otaegi y Jon Paredes Manot, ‘Txiki’, fusilados el 27 de setiembre de 1975. Quedan excluidos quienes murieron en el ejercicio de una acción armada o en la respuesta policial a la misma.

Los motantes de las auydas son inferiores a las contempladas en la Ley de Reparación a las Víctimas del Terrorismo:

Así, la compensación por fallecimiento como «víctima del terrorismo» es de 250.000 euros. Si la muerte se produjo, por ejemplo, en un control policial, es de 135.000 euros. La gran invalidez se compensa con 500.000 euros en la ley de reparación a las víctimas del terrorismo, y se hará con 390.000 a las que sean fruto de la violencia estatal. En casos de incapacidad permanente y total, la diferencia entre una y otra es casi de doble a mitad.

El decreto se publicará en el BOPV el 19 de junio y entrará en vigor al día siguiente. A partir del 20 de junio las personas que consideran que pueden acogerse al mismo pueden comenzar a realizar sus solicitudes. En el Boletín se publicará el formulario a rellenar y la documentación que debe presentarse.

Los casos se estudiarán por orden de registro y, en principio, hay un periódo de 18 meses para solicitar el reconocimiento y reparación. Habrá una Comisión Evaluadora que será la encargada de analizar cada solicitud.

En los listados gubernamentales figuran los nombres de 62 personas fallecidas que podrían cumplir las condiciones para el reconocimiento, aunque la consejera de Justicia, Idoia Mendia, explicó que solo han podido contactar con familiares de 25 o 26 de ellas.