Unai Aranzadi

Buenaventura, la ley del silencio

Colombia es conocida por ser tumba de periodistas. Docenas de ellos han sido asesinados, y algunos, como Daniel Coronell y Hollman Morris, tuvieron que abandonar el país tras las amenazas recibidas de boca de Álvaro Uribe, el anterior presidente.

 Los defensores de los derechos humanos denuncian la grave situación que padecen los niños. (Unai ARANZADI)
Los defensores de los derechos humanos denuncian la grave situación que padecen los niños. (Unai ARANZADI)

Solo en Buenaventura, ciudad portuaria de total control paramilitar, han abatido a doce periodistas en los últimos años, aunque como es habitual, ni los crímenes han sido resueltos, ni estos han trascendido a nivel internacional.

Frente a esta situación de silencio e impunidad, Manuel Barrantes, presidente de la «Unión de Periodistas de Buenaventura», organizó «un plantón informativo» de veinticuatro horas al tiempo que se realizaba el reportaje sobre los desplazados por el macroproyecto publicado estos días en GARA, y en vísperas de que se inaugurara el polémico terminal portuario español.

Se trataba de «protestar por el asesinato de veinte periodistas y las brutales agresiones perpetradas por los vigilantes de la terminal de contenedores del puerto», hechos que, como denuncia el también periodista local Rubén Dario Valencia, «no están siendo investigados como se requiere».

Según concluyó Elkin Sarria, reportero e investigador de Radio Contagio, «en Buenaventura hay miedo, y para muchos periodistas, hablar de los megaproyectos puede salir demasiado caro».

Es una denuncia que se suma a la realizada por sacerdotes, indígenas y defensores de los derechos humanos por el gran desplazamiento de personas que atribuyen al mencionado proyecto. Según todos ellos, la codicia se ha cobrado ya muchas vidas por el hambre y la insalubridad que padecen los desplazados, en especial los niños.