El Parlamento de Nafarroa aprobó, con el apoyo de PSN, NaBai, Bildu e I-E y el rechazo del PP, formalizar ante el Tribunal Constitucional dos recursos contra la aplicación de los decretos de ley dictados por el Gobierno español que establecen recortes en Educación y Sanidad.

En el primer caso, se decidió interponer recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 y la disposición final primera del Real Decreto-ley de medidas urgentes de nacionalización del gasto público en el ámbito educativo. UPN solo apoyó este recurso.

El informe emitido por los servicios jurídicos de la Cámara a petición de la Junta de Portavoces concluye que los artículos 3 (jornada lectiva) y 4 (sustitución de profesores), así como la disposición final primera del decreto, «son inconstitucionales por vulnerar las competencias de Navarra en materias de enseñanza y régimen estatutario de sus funcionarios públicos».

El informe precisa que los restantes preceptos del decreto-ley de abril «no menoscaban» las competencias de Nafarroa por lo que «son constitucionales y de aplicación indefectible» en el territorio, con la salvedad de la disposición final segunda, «por afectar al sistema tributario estatal y resultar salvaguardado el régimen fiscal de Navarra en los términos del Convenio Económico».

En la misma línea, y con los mismos votos, la Cámara aprobó interponer otro recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

En este caso, el informe emitido por los servicios jurídicos del Parlamento asegura que incurren en inconstitucionalidad tres artículos, si bien el Letrado Mayor de la Cámara, como responsable de los Servicios Jurídicos, elaboró un informe posterior «ante las dudas razonables sobre la idoneidad, como fundamento del recurso, de determinadas interpretaciones» realizadas en el informe anterior.

En este, se afirma que el decreto no menoscaba las competencias de Nafarroa en materia de sanidad, y entiende que su contenido es, «en general, respetuoso» pero considera que no se ha justificado debidamente el requisito de la urgencia requerido para su aprobación por decreto-ley en lugar de mediante ley ordinaria.