Según ha dado a conocer LAB en un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado el recurso que interpuso para exigir la apertura de un expediente a los cargos y funcionarios presuntamente impulicados en el fraude de la Hacienda de Irun, entre ellos Rufino Eizagirre, miembro del gabinete del ex diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri, y socio del exdirector de la oficina tributaria de irun y pricipal imputado en la causa, José María Bravo.

El sindicato abertzale ha recordado que, «ante la reiterada negativa» de la institución foral, cuando gobernaba el PNV, de informar a LAB y al resto de la representación sindical del «informe de incompatibilidades que afectaba a las personas relacionadas de una u otra manera con el fraude de la Hacienda guipuzcoana», y ante la petición expresa de apertura de expediente informativo a estas personas, inició un recurso contencioso administrativo.

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Donostia, «haciendo caso a las alegaciones de la Diputación que decían que el sindicato no estaba legitimado para interponer recurso para exigir la apertura de expediente contra los implicados en la Hacienda», estableció que LAB no estaba legitimado para presentar esa demanda.

Ahora, el TSJPV ha estimado el recurso y ha dado la razón a LAB y ha ordenado a la Diputación la incoación de actuaciones inspectoras y el inicio, en su caso, del expediente sancionador.

El sindicato cree «inadmisible» que «se haya hecho lo posible por parte de los responsables políticos del fraude para que la investigación penal no llegue hasta sus últimas consecuencias y que la trama organizada para robar dinero público a la Hacienda de Gipuzkoa recaiga sobre la cabeza de turco de José María Bravo y oculte las implicaciones políticas del PNV y de personas como Eneko Goia, asesor de Hacienda en aquella época».

Por ello, ha exigido que «se abra expediente sancionador contra Rufino Eizagirre y cuantas personas compartían responsabilidad empresarial en el entramado» del fisco guipuzcoano, así como «de los cargos políticos relacionados con aquellos hechos».