El 20 de julio la Generalitat advirtió y el 27 confirmó: no pagará el importe correspondiente al mes de julio a las entidades, empresas y fundaciones sociales que prestan servicios de titularidad pública, tales como algunos hospitales concertados, residencias de la tercera edad, centros de ayuda a la drogodependencia, centros para discapacitados y un largo etc. El Govern pone de esta manera en peligro las cuentas de unas 7.000 entidades y la nómina de cerca de 100.000 trabajadores del sector.

La noticia estalló esta semana en medio del polvorín provocado por la grave situación económica del Principat -que pedirá el rescate al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico- y por el choque de las últimas semanas entre Barcelona y Madrid, con el pacto fiscal de fondo. Mientras los grupos parlamentarios del PSC, ICV-EUiA, ERC y Ciutadans forzaban la comparecencia de los consellers de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, en la Diputación Permanente del Parlament, las entidades sociales ponían el grito en el cielo, advirtiendo de que el impago se suma a una larga lista de recortes sociales puestos en marcha por CiU desde hace año y medio, poniendo en riesgo la atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

En dicha comparecencia, Cleries cifró en 70 millones de euros el impago de la Generalitat, aunque prefirió llamarlo «aplazamiento», ya que aseguró que el Govern pagará lo que debe. Sin embargo, su compañero de comparecencia, Mas-Colell, condicionó dicho pago a la situación de las arcas catalanas. De hecho, el titular de Economía advirtió de que, si el Estado no proporciona liquidez, los impagos «se repetirán cada mes». Desde la Taula d'Entitats del Tercer Sector explican que lo primero que han hecho ha sido «garantizar la atención a todos los usuarios», de manera que «la brecha de la exclusión social no se amplíe por culpa de este impago». Sobre las nóminas de los trabajadores, explican que depende de cada entidad. «Algunas han podido hacer frente con recursos propios, otras están buscando otras formas de financiación y otras, simplemente, dejarán de pagar, parcial o completamente, algunas nóminas del mes de julio», señalan. Asimismo, confían en que «sea cierto» el anuncio de que en agosto se retomarán los pagos con normalidad, ya que de lo contrario, «hablaríamos de una crisis sin precedentes en el sector, que tendría consecuencias nefastas sobre el equilibrio social».

Más expeditivos se muestran desde el Observatori de Drets Economics, Socials i Culturals (DESC), cuya directora, Vanesa Valiño, critica sin fisuras las prioridades de la Generalitat. Sin ignorar que el Govern «dispone de muy poco dinero», Valiño denuncia que «hacer frente al vencimiento de los créditos resulta más prioritario que pagar a geriátricos, centros tutelados de menores o planes de reinserción de presos». Y esto es así, añade, por la Ley de estabilidad presupuestaria, «no la española del Gobierno central, sino la propia ley de estabilidad que hizo CiU en el mes de mayo».

En la comparecencia del viernes ante el Parlament, Mas-Colell se reafirmó en esta prioridad, comprometiéndose a asumir los vencimientos de deuda «pase lo que pase». En los dos trimestres que le quedan a 2012, el Principat afronta vencimientos de deudas por valor de 5.755 millones de euros.

La crítica de Valiño no se limita a la Ley de estabilidad presupuestaria: «Dentro de las prioridades, hay que cuestionar qué tipo de gasto recorta el Govern». «Solo como ejemplo», la jurista señala los 12 millones de euros que la Generalitat paga anualmente a Microsoft en concepto de licencias -algo prescindible con otros sistemas operativos-, o los más de 30 millones destinados al circuito de Montmeló, en el que se celebran sendas pruebas de Fórmula 1 y motociclismo. Sin quitar hierro a la gravedad de la decisión de no pagar los servicios sociales, todos en el Principat asumen la grave situación económica que atraviesan las cuentas públicas. Y si alguien no lo tiene claro, Mas-Colell se encarga, día tras día, de repetir que «la caixa està buida», es decir, que la caja está vacía.

Sistema de financiación deficitario

Ello se debe, en gran medida, al deficitario sistema de financiación de Catalunya. Las fuentes para obtener liquidez son tres: la recaudación de impuestos, las transferencias del Estado y los mercados. Estos últimos están cerrados a cal y canto, mientras que el dinero logrado con los impuestos -ya limitado de por si- ha descendido debido a la crisis, pese a que la oposición remarca la opción de aplicar una fiscalidad más progresiva, recuperando por ejemplo el impuesto de sucesiones. Conclusión: el Estado es la única fuente de liquidez del Principat.

Ello aboca al Govern a tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico, aunque insisten en que no lo harán si Madrid aprovecha para poner condiciones políticas y ahondar en su esfuerzo recentralizador. Y es que en las filas nacionalistas sienta como un jarro de agua fría tener que pedir ayuda a un Estado al que aportan mucho más dinero del que luego reciben. No es de extrañar: el déficit fiscal catalán respecto al Estado ronda los 16.000 millones de euros anuales.

Aquí es donde se plantea el pacto fiscal, la propuesta de un nuevo modelo de financiación aprobada recientemente en el Parlament y que el Govern debería negociar con Madrid a partir de setiembre.

Aquí es también donde nace la aparente esquizofrenia en la que está encallada la Generalitat. Por un lado, saca pecho y plantea un pacto fiscal, y, por otro, pide el rescate al Estado. Por un lado, planta al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por otro, le invita a empezar la relación de cero y negociar.

Esta situación, explicable pero no por ello menos esquizofrénica, obligará a la Generalitat a dar pasos más pronto que tarde. Las opciones no son muchas: o dan el brazo a torcer y firman su sentencia de muerte, o emprenden lo que algunos han calificado como «huida hacia adelante», dando pasos efectivos hacia la insumisión y la ruptura.

La convocatoria de elecciones toma cuerpo

Las elecciones anticipadas en Catalunya han dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en una realidad factible a corto plazo. Las tesis favorables a un adelanto electoral han aumentado tras el desdén con el que el Gobierno español ha tratado la propuesta de pacto fiscal aprobada en el Parlament, y no son pocas las voces que piden al president, Artur Mas, que convoque comicios si, durante el otoño, Madrid rechaza por la vía rápida el nuevo modelo de financiación. Lo debería hacer, señalan, por dos motivos: por coherencia, ya que supondría el fracaso de la propuesta estrella de su programa, y por oportunidad política, porque serviría para reforzar la mayoría parlamentaria soberanista.

Todos los indicios indican que los partidos catalanistas sumarían una amplia mayoría parlamentaria, aprovechando la debacle de un PSC que busca a palos de ciego una referencialidad perdida hace tiempo y quedando el PP como último reducto contra el independentismo. No en vano, la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió señalaba que el 51% de los catalanes votarían a favor de la independencia en un hipotético referéndum.

Los acontecimientos llevan al Govern a un callejón sin salida, en el que las elecciones se presentan como única solución digna para una CiU atrapada por la dependencia económica respecto a Madrid; una dependencia mucho más legislativa que económica, que la Moncloa quiere aprovechar para ahondar en su cruzada contra el estado de las autonomías y su tentativa recentralizadora. Sin embargo, el adelanto electoral tiene sus riesgos para CiU, que tendría que asumir un programa mucho más rupturista, a riesgo de perder la centralidad si no lo hace. Nadie se atreve a poner la mano en el fuego asegurando que CiU sea capaz de hacerlo, aunque en los círculos del Govern se menciona cada día más el ejemplo de Escocia, donde el SNP presentó un programa con el referéndum como punto clave y logró la mayoría absoluta.