El Consejo de Gobierno ha estudiado hoy las alegaciones que en los próximos días presentará el Ejecutivo de Patxi López ante el Tribunal Constitucional (TC), que el pasado mes de julio dejó en suspenso de manera cautelar el decreto que dejaba sin efecto el nuevo copago farmacéutico que entró en vigor el 1 de julio en el Estado español.

En ese decreto también se regulaba la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad de anular la tarjeta sanitaria a ese colectivo.

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que, pese a la suspensión del decreto, en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, a día de hoy, se mantienen las mismas condiciones que estaban vigentes hasta que entraron en vigor las nuevas medidas y que no cambiará nada en esos dos aspectos, por lo menos hasta que el TC resuelva.

El Constitucional tiene un plazo que concluye el 20 de enero, según han aclarado desde el Gobierno de Lakua.

En las alegaciones al Constitucional, el Ejecutivo autonómico argumenta que la CAV tiene las competencias para el «desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior», según recoge el Estatuto de Gernika.

Además, argumenta que «nada impide que, con respeto a las condiciones básicas, puedan mejorarse, sin discriminación de nadie», las prestaciones a ciudadanos nacionales o extranjeros.

Por último, el Ejecutivo de Patxi López considera que su decreto no pone en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema sanitario de la CAV.

Bengoa ha dejado claro que no cree que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda tomar algún tipo de acción por no cumplir con esta legislación estatal porque tendría que actuar también contra otras comunidades que han establecido mecanismos especiales de aseguramiento sanitario para estos colectivos.

Ha insistido en que el decreto vasco, pese a estar anulado cautelarmente, «no vulnera» las competencias del Estado porque la CAV «puede mejorar» esas prestaciones sanitarias.