En una providencia dictada este jueves, Andreu ha citado a los 33 miembros del último Consejo de Administración que aprobó la fusión de las cajas que dieron lugar a Bankia entre el 5 de noviembre hasta el 20 de diciembre, contra los que se querellaron UPyD y el colectivo 15MpaRato.

A todos los imputados se les atribuyen los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El exministro español de Interior Angel Acebes comparecerá ante el juez el 23 de noviembre mientras que el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú lo hará el 18 de diciembre y el expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia José Luis Olivas al día siguiente.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tomará declaración al presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, el 14 de diciembre y al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga el 7 de noviembre.

También tendrán que declarar en la Audiencia Nacional española representantes del PP como el exsecretario general de esta formación en Madrid Ricardo Romero de Tejada (6 de noviembre)el expresidente de la Asamblea regional Jesús Pedroche (8 de noviembre); del PSOE como el exdiputado autonómico (20 de noviembre); y de Izquierda Unida (IU) como Juan Antonio Moral Santín (12 de diciembre).

Rato, exvicepresidente del Gobierno español y expresidente de Bankia, será el último de los 33 querellados en responder de los hechos que desencadenaron el rescate de la entidad financiera por parte del Estado español.

Con estas citaciones se abre un nuevo capítulo en la historia de la crisis de Bankia, una entidad que nació como marca comercial en marzo de 2011, que salió a bolsa en julio de 2011 y que apenas llegó a cumplir una año de vida antes de ser rescatada.

Dimisión de Rato

Fue en mayo pasado cuando se precipitó la crisis al dimitir el entonces presidente Rodrigo Rato. Su sucesor, Jose Ignacio Goirigolzarri, pidió la conversión en acciones del préstamo que mantenía con el Estado español, lo que supuso la nacionalización de la entidad.

Además, Goirigolzarri presentó un plan que contemplaba la inyección en Bankia de otros 19.000 millones de euros, pendientes todavía de la llegada al Estado español del dinero prometido por Bruselas para recapitalizar la banca.

En paralelo, los juzgados comenzaron a recibir querellas por la gestión de la dirección en Bankia. El pasado 4 de julio, la AN admitió la primera a trámite, la presentada por UPyD.

Durante la instrucción han salido a la luz documentos sobre la inspección del Banco de España, que revelan que la autoridad supervisora no alertó hasta diciembre de 2011 de que Bankia necesitaba provisionar 8.208 millones de euros más para cubrir las pérdidas esperadas de su exposición al «ladrillo».