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Donostia

Aralar exige garantizar una ayuda permanente a los parados y detener los desahucios

Aralar ha exigido que se garantice una ayuda permanente a todo parado y que se detengan legalmente los desahucios de viviendas habituales mientras perduren ayudas de fondos públicos al sistema financiero.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y la secretaria de organización, Rebeka Ubera, durante la rueda de prensa celebrada en Donostia. (Gari GARAIALDE/ARGAZKI PRESS)
El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y la secretaria de organización, Rebeka Ubera, durante la rueda de prensa celebrada en Donostia. (Gari GARAIALDE/ARGAZKI PRESS)

En una rueda de prensa celebrada en Donostia, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y la secretaria de organización de esta formación, Rebeka Ubera, han presentado unas «medidas de urgencia» con el fin de «paliar la gravísima situación socioeconómica» actual.

A su juicio, ha llegado el momento de que las instituciones «corten las cadenas que les unen al poder económico especulativo y de poner la política y las instituciones al servicio de las personas y del pueblo».

En este sentido, han abogado por «situar la economía al servicio de la ciudadanía, y no la ciudadanía al servicio de la economía neoliberal» y han asegurado que existen los instrumentos para conseguirlo si hay voluntad política.

Los dirigentes de Aralar han reclamado que todo trabajador parado tenga garantizada «una ayuda permanente del fondo europeo, del Estado o de las instituciones locales». «Europa debe tener en cuenta que los parados son ciudadanos europeos y que es a ellos a quien se debe ayudar y proteger en esta grave situación, y no a las entidades financieras que están continuamente robando a la ciudadanía», han defendido.

Tras denunciar que «las entidades financieras no son europeas, ya que su única patria es el dinero», Ubera y Zabaleta han reclamado que se paralicen legalmente los desahucios de viviendas habituales mientras el sistema financiero siga percibiendo ayudas públicas.

«Es un absoluto escándalo el que los que están recibiendo ayudas públicas quiten viviendas a la ciudadanía», han sostenido, para añadir que el rescate financiero, debería de serlo a la sociedad.