El colectivo Araba sin Garoña ha comparecido para valorar el cese de la actividad de la planta burgalesa, que podría tener lugar el 6 de julio de 2013.

El portavoz de la iniciativa, Alberto Frías ha atribuido la «victoria» del cierre de Garoña a la movilización popular, aunque ha considerado que la fecha de cierre se fijó en 2011 en Japón con la catástrofe de la central de Fukushima, gemela a la de Garoña.

En este sentido, ha considerado que el verdadero motivo para que Nuclenor no haya solicitado una nueva prórroga de su actividad radica en las condiciones de seguridad en las que está operando Garoña y las obligaciones que ha exigido la Unión Europea a raíz del accidente de Japón.

Según Frías, Nuclenor tendría que haber acometido una inversión mínima de 140 millones de euros para llevar a cabo medidas de fondo y estructurales, que le habrían obligado a parar su actividad durante un largo tiempo, como mínimo hasta 2019.

En este sentido, ha advertido de que el cierre de Garoña se va a producir con el Gobierno «más pronuclear» que ha habido en el Estado español, «más que los propietarios de la central», debido a una directiva europea que ha endurecido las medidas de seguridad de las nucleares, algo que Araba sin Garoña llevaba exigiendo desde hace 10 años.

Aunque se ha felicitado por la noticia, ha denunciado que el dinero para el desmantelamiento va a salir del «bolsillo público, común», mientras que las eléctricas Iberdrola y Endesa «se han embolsado durante años los millones de beneficios» de la actividad de Garoña.

Según ha dicho, la explotación de la central generaba anualmente unos beneficios de 250 millones de euros y ha reclamado que éstos reviertan en el desarrollo económico de la zona.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que haya empresas interesadas en comprar Garoña, ha descartado que haya alguien en condiciones de invertir en esta central.