Una multitudinaria manifestación, finalizada frente al Parlamento, puso colofón a la segunda jornada de huelga general, convocada contra el plan de recortes presupuestarios impulsado por el Gobierno. Cerca de 200 mil personas, según los datos ofrecidos por el principal partido de la oposición Syriza, expresaron claramente su rechazo a las políticas de austeridad exigidas por la UE y el FMI.

Dimitris, un asalariado de 49 años, expresaba a GARA su oposición a «unas medidas que nos están haciendo la vida imposible a todos los griegos. La cuestión -añadía- no es euro o dracma sino vivir o sucumbir ante las medidas de austeridad, pues la gente está cada vez más desesperada con este tipo de políticas».

«Si se aprueban las nuevas medidas, sabemos que las condiciones de vida empeorarán mucho más», aseguró Iannis, universitario de 22 años, y explicó que los jóvenes no tienen perspectivas ni esperanzas de que el país mejore de continuar las mismas políticas.

Pero la determinación de los manifestantes se encontró de frente con un desmesurado despliegue policial que pasadas unas horas decidió disolver la protesta, hasta ese momento pacífica. Sobre las 19.00 horas se generalizaron los disturbios en la plaza de Syntagma, y se fueron extendiendo a las calles aledañas. Las unidades antidisturbios usaron abundantes gases lacrimógenos y cañones de agua contra los congregados y estos respondieron a su vez con bengalas, piedras, bombas incendiarias y barricadas.

Los enfrentamientos se extendieron hasta bien entrada la noche por el centro de Atenas, dejando un saldo provisional de 70 personas trasladadas a comisaría y ocho policías heridos.

Debate en el Parlamento

Al mismo tiempo, en el interior de la Asamblea Nacional, tenía lugar otra batalla planteada por los dos principales grupos de la oposición: Syriza y Griegos Independientes. Ambos partidos acusaron al gobierno de vulnerar la constitución al tramitar por el procedimiento de urgencia un proyecto de ley que no fue dado a conocer a los parlamentarios con la suficiente antelación y cuyo contenido incluía disposiciones que habían sido rechazadas por la asamblea Nacional la semana pasada. Solo una estratagema del presidente de la Cámara permitió rechazar la petición de inconstitucionalidad, al demorar más de una hora y media la votación dando así tiempo a que llegara la mayoría de diputados gubernamentales ausentes en el debate.

El primer ministro, Antonis Samarás, volvió a recurrir al discurso apocalíptico al afirmar que la votación definiría si «permanecemos en Europa o volvemos al dracma y al aislamiento internacional, a la insurrección social y a la guerra civil». Al tiempo reconoció que «algunas de las medidas incluidas en la ley deberían haber sido tomadas hace años, y otras, como las reducciones de salarios y pensiones, son injustas y eso no debemos ocultarlo». Sin embargo, insistió en que cualquier otra opción sería mucho peor.

Entre las medidas propuestas se encuentran la rebaja de las pensiones superiores a 1.000 euros, la eliminación de complementos salariales para los empleados públicos y determinados subsidios, recortes de hasta el 30% en los sueldos de algunas profesiones como jueces o médicos, la reducción del gasto sanitario, y también la desregulación del mercado laboral.

Pese a todo, el gobierno consiguió superar por la mínima la mayoría necesaria (151 votos) para que el proyecto de ley siguiera adelante. Pasada la media noche, 153 diputados votaron a favor, 128 lo hicieron en contra y hubo 18 abstenciones.

El próximo paso, para el que no se espera ninguna dificultad, es la aprobación el domingo de los Presupuestos para 2013. Con ello el Ejecutivo espera que Bruselas acuerde la próxima semana el pago de los 31,5 mil millones de euros pendientes.