Pese a que el mayor esfuerzo del Gobierno central para equilibrar la balanza entre gastos e ingresos ha caído sobre el recorte de los primeros, a través de la sacralizada austeridad, el Ejecutivo también ha intentado poner remedio al desequilibrio aprobando o subiendo impuestos y tasas para intentar aumentar los ingresos.

Olvidando aquello de que la fortaleza se demuestra con los poderosos y no con los débiles, el Gobierno de Rajoy ha plagado de impuestos, tasas y repagos la vida diaria de los ciudadanos, sin exigir en ningún momento un esfuerzo mayor a los que más tienen. Más bien al contrario. Sirven como ejemplos el impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero –es decir, no se recauda nada–, el mantenimiento de la tributación de las SICAV al 1% o la tan cacareada amnistía fiscal para los defraudadores.

Sobre los impuestos, la medida estrella de Rajoy ha sido la subida del IVA y del IRPF, impuestos indirectos que afectan a todos los ciudadanos por igual. En el caso del IRPF, el gravamen se elevó en seis puntos porcentuales, mientras que, en el IVA, la subida de los diferentes tramos vino agravada por la nueva clasificación, que hizo que sectores como las peluquerías, las funerarias o las veterinarias, que antes tributaban el 8% del IVA, pasasen de un día para otro a tributar el 21%. Todavía peor, algunos productos como el material escolar pasaron del 4% al 21% de la noche a la mañana.

A la subida de varios impuestos de les añade la instauración de algunas tasas sobre algunos de los pilares del estado del bienestar. En Educación, mientras que la reforma de Wert se ceba con la educación primaria y secundaria, las tasas lo hacen con la educación superior. En efecto, las matrículas universitarias se han disparado este año hasta un 66%, como en el caso de Catalunya, a lo que se suman, entre otros, los recortes en becas y subvenciones, la no renovación del profesorado jubilado o el cierre de bibliotecas a lo largo y ancho del Estado.

La Sanidad tampoco se libra de las nuevas tasas, en la que al cierre o privatización de ambulatorios, hospitales y servicios de urgencias se le unen medidas de repago o medidas mas perversas si cabe, como la retirada de financiación pública a 456 fármacos. Entrando en detalles, nos encontramos, por ejemplo, con despropósitos como el del tratamiento de la esquizofrenia, para el que se dejará de utilizar un medicamento de 4,14 euros a cambio de uno de más de 250 euros.

Tasas como estas –y otras tantas que no caben en este texto– lastran el menguante estado de bienestar. Otras, sin embargo, atentan directamente contra la noción más básica de un estado democrático, como lo son las recientemente aprobadas tasas judiciales del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Las polémicas tasas, que han puesto en pie de guerra al tradicionalmente conservador estamento judicial, alcanzan el surrealismo en casos como el de recurrir una multa de 100 euros, para lo que habrá que pagar de 200 en tasas; o la reclamación de una deuda de 2.100 euros, para la que habrá que abonar 921 euros. Pero más allá de disparates y despropósitos, la gravedad de las tasas judiciales radica en eliminar la supuesta universalidad que acompaña al ejercicio de la Justicia, alejándola de aquellos que no pueden pagarla.