En un comunicado de prensa, ha expresado su deseo de que, tal y como ha anunciado el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, no se actúe «de forma arbitraria» y se lleve a cabo un proceso de diálogo y negociación.

El Ejecutivo autonómico ha indicado que espera que esa negociación culmine con el pago de las indemnizaciones que «en justicia» corresponden a Iberdrola, estableciendo para ello el precio real de las participaciones que la eléctrica vasca, y otras empresas, tienen en las compañías expropiadas.

Bolivia decretaba el pasado sábado la nacionalización de cuatro filiales de Iberdrola al objeto de que las tarifas de servicio en zonas rurales «sean equitativas y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme».