Las cosas de palacio van despacio, dice un refrán que no hace sino confirmarse continuamente en la ONU. Después de décadas de exigencia de un Tratado de Comercio de Armas (TCA) por parte de asociaciones en defensa de los derechos humanos, en 2006 153 Estados de la Asamblea General de la ONU aprobaron dar inicio al desarrollo del TCA. No fue hasta tres años más tarde, en 2009, cuando la misma Asamblea aprobó el plan de negociaciones, que debía acabar en la aprobación de un tratado en julio de 2012.

Pero pasado julio de 2012, el 1 de agosto, el presidente de la Conferencia Internacional en la que se negociaba el TCA, Roberto García Moritan, pedía disculpas por la falta de acuerdo y anunciaba el fin de las negociaciones, dada la imposibilidad de alcanzar un consenso. EEUU y Rusia, principales exportadores de armas, fueron el principal escollo para alcanzar un acuerdo que pusiese límites y transparencia al comercio internacional de armas. También tuvieron mucho que ver los poderosos lobbies del sector. Sin ir más lejos, Barack Obama se enfrentó a la amenaza de 51 senadores de tumbar la ratificación del TCA en el Senado estadounidense.

Mecanismos para el control

La Carta de las Naciones Unidas ya habla de la prohibición de transferir armas que puedan acabar alimentando conflictos en marcha, por lo que más que una regulación del comercio de armas, el TCA debería servir para poner luz y taquígrafos al mercado armamentístico y para dotar a la comunidad internacional de mecanismos efectivos para su control. Para ello, los impulsores de la iniciativa defienden la necesidad de transparencia en el comercio, de cooperación entre los países –exportadores e importadores– y de un mecanismo de rendición de cuentas que pueda sancionar a los países que infrinjan el tratado.

Aquí es donde empiezan las reservas de los grandes exportadores. En el caso de EEUU, su postura cambió sensiblemente con la llegada de Obama al poder. Tras la tajante negativa de George Bush a cualquier negociación, el presidente demócrata accedió a negociar, pero su equipo medra para que la letra pequeña del TCA apenas exista. Es decir, defiende un tratado en forma de vago compromiso con los derechos humanos, evitando la instauración de mecanismos efectivos de control. Una posición parecida es la que defienden grandes exportadores como Rusia o China. Al menos sobre el papel, la postura de los países europeos es más cercana a la aprobación de un TCA de máximos.

Nueva oportunidad en 2013

A finales del año pasado, la Primera Comisión de la ONU aprobó con una mayoría sin precedentes en este tema –157 votos a favor, 18 abstenciones y ninguno en contra– retomar la Conferencia de la ONU sobre el TCA en marzo de 2013. También aprobó que el TCA debería ser aprobado por consenso. Si no fuese así, la ONU mantendría el borrador del tratado actual –un documento a medio camino entre un tratado sólido y la versión descafeinada que defienden los grandes exportadores–, que pasaría a votarse en la Asamblea General a lo largo de este mismo año.

Los optimistas irreductibles confían en que un contexto en el que EEUU está reforzando el control de la venta de armas en su propio territorio y en el que el conflicto de Mali ha puesto de manifiesto el descontrol sobre el comercio de armas –mucho armamento rebelde proviene, entre otros, de Libia–, podría facilitar un acuerdo de máximos sobre el TCA. La realidad geopolítica, sin embargo, es una gran aliada de los pesimistas y el esperado titular de un acuerdo para instaurar un TCA podría acabar siendo papel mojado si no se garantizan mecanismos de control fiables.