En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el nuevo responsable en materia de Paz y Convivencia del Ejecutivo de Lakua ha defendido que «todo lo que se haga en esta materia tiene que basarse en el consenso».

De este modo, ha señalado que, mientras en otras materias políticas «es suficiente con una mayoría ajustada», en materia de convivencia «es imprescindible mayorías amplias, consensos amplísimos». «En materia de convivencia, tras un pasado tan duro como el que hemos vivido nosotros, no hay otra solución que ponernos de acuerdo», ha manifestado.

Aunque ha reconocido que la «capacidad de veto» que puede tener «el que no se quiera poner de acuerdo», ha destacado que «la sociedad tiene un poder normativo importante en lo que hacemos o dejamos de hacer y nuestra sociedad está viviendo en una clave diferente que mira al futuro». «Y desde la política y las instituciones –ha agregado– responder a esta nueva realidad va a ser un imperativo, que cuanto más pase el tiempo con más fuerza se va a imponer en nuestra realidad».

Fernández ha asegurado que respeta las críticas que ha suscitado su nombramiento en las asociaciones como la AVT y Covite, y ha esperado en que «el tiempo y el trabajo» permita «resituar las piezas de este puzle de la manera más pacífica y civilizada que sea posible».

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre las críticas recibidas por parte del PP y de UPyD, que «hay que encajar desde el primer momento con tranquilidad», y ha reiterado que «no son las declaraciones de un día o de otro los que cambian las cosas», sino «el tiempo y el trabajo el que deja cada cosa en su sitio».

Enfrentarse a la verdad

El secretario general de Paz y Convivencia ha abogado por «enfrentarse a la verdad de los hechos que han ocurrido en las últimas décadas en este país» de manera «crítica» y «a poder ser sacar alguna conclusión compartida».

A su entender, es precioso superar «los condicionamientos» que ha provocado «la experiencia social y políticamente traumática» que se ha vivido en las últimas décadas para «mirar de otra manera el presente, el futuro y también nuestra historia pasada».

Asimismo, ha indicado que hay que abordar «todas las vulneraciones de derechos humanos» y ha añadido que ETA ha sido «causante de un número importantísimo de víctimas mortales», pero «no todas» las víctimas ni vulneraciones de derechos se han producido por parte de la organización armada.

Según ha manifestado, «se trata de analizar objetivamente todo lo que ha ocurrido sin equiparar, sin mezclar, sin comparar, sin compensar unas con otras», pero «tampoco sin excluir a ninguna de ellas».

Política penitenciaria: Dejar paso a la normalidad

En materia de política penitenciaria, ha señalado que «tiene múltiples vertientes», la primera de ellas la transferencia de la política penitenciaria, «una reclamación que tiene un apoyo social mayoritario y un encaje legal clarísimo».

«Y a partir de ahí está el desarrollo de la propia política penitenciaria, que tiene que ajustarse a derecho y a principios humanitarios y a la realidad del tiempo en el que se está desarrollando», ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que «es el momento en el que la excepcionalidad» de las medidas aplicadas durante los últimos años debe «dejar paso a la normalidad» y trabajar «un amplio consenso social y político para buscar una salida humanizadora a la cuestión de la política penitenciaria».