En un auto que puede ser recurrido, el magistrado comienza rechazando que el hecho de que dos policías le golpearan, uno de ellos en las inmediaciones de El Corte Inglés y el otro en las cercanías de la estación de autobuses, constituya un delito de atentado contra la autoridad al ser Cuadra diputado de Amaiur.

El juez señala en ese sentido que, aunque Cuadra mostró a los agentes su carné de diputado, «es evidente que no se encontraba realizando ninguna función propia de dicha condición y tampoco cabe afirmar que los funcionarios policiales le golpearan precisamente por su condición parlamentaria».

Por ello, considera el juez, lo sucedido constituiría, en todo caso, una mera falta de maltrato de obra sin causar lesión.

Al analizar este supuesto, el juez indica que durante la jornada de huelga se produjeron «graves alteraciones del orden público» provocadas, dice, por personas que participaban en los piquetes o estaban cerca de ellos.

Esos piquetes terminaron por ser, «más que piquetes, verdaderas manifestaciones o concentraciones de un muy elevado número de personas», lo que afectó «muy directamente al orden público», se apunta en el auto.

El juez estima que varias personas de los piquetes en los que participó Cuadra, «excediéndose» en el ejercicio de sus derechos, «protagonizaron incidentes de violencia, verbal o física, que obligó a los funcionarios policiales a utilizar la fuerza mínima imprescindible para evitar dichas actuaciones».

Se produjeron de esta forma diversas cargas policiales que, «al verse impedidas u obstaculizadas» por Cuadra, «motivaron» que los policías «emplearan frente a él también la fuerza necesaria para apartarlo, ello en medio de una actuación de gran tensión como consecuencia de los improperios, gritos e incluso agresiones sufridas por los agentes de la autoridad en las inmediaciones de El Corte Inglés».

En el caso del incidente en la estación de autobuses, el juez determina que, ante una carga policial, Cuadra «interfirió» la actuación de los agentes, «exigiendo explicaciones a uno de los funcionarios, lo que provocó que éste propinara a aquel un golpe en la pierna con la defensa reglamentaria para apartarlo y dispersarlo».

El juez concluye que los agentes cumplieron con su deber y considera que no puede afirmarse que su actuación «fuera notoriamente desproporcionada o innecesaria para cumplir con sus obligaciones».