Decenas de funcionarios del Ejecutivo se han concentrado ante las sedes del Gobierno de Lakua en Gasteiz y Bilbo en solidaridad con José Antonio Diéguez, fallecido ayer tras arrojarse al vacío desde un cuarto piso cuando llegaba a su casa una comisión judicial con una orden de desahucio.

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han respaldado las movilizaciones y, en declaraciones a los medios en Bilbo, Joseba Izaga (LAB) ha explicado que el fallecido «era un eventual más de esos 9.000» a quienes el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, calificó de «efectos colaterales».

Tras anunciar que el Ejecutivo autonómico iba a aumentar la jornada laboral de sus empleados, Erkoreka usó ese término para referirse a las consecuencias que iba a tener esa medida en las contrataciones de interinos y eventuales en áreas con trabajos a turnos.

Izaga ha denunciado «la muerte real de las bolsas de trabajadores sustitutos, de las que dependen miles de familias vascas para subsistir».

Por ello, los funcionarios han exigido al Gobierno de Lakua que «dé marcha atrás» y tengan más «más cuidado con lo que se está diciendo» respecto al trabajo y las condiciones laborales de los empleados públicos porque «las consecuencias de esas frivolidades se están viendo todos los días».

Según ha asegurado, hoy son, «más que nunca, una parte más de la sociedad y con ella compartimos este desgraciado momento, porque antes le ha pasado a gentes en desempleo, a gente que eran jefes de personal, a gente que estaba trabajando, en mejor o peor situación, pero todos sabemos que con esta política económica y antisocial están llevando a los sectores populares a una callejón sin salida».

A día de hoy, «muchas de las personas que acuden a Lanbide» para solicitar «asistencia social» eran trabajadores de la administración.

José Antonio Diéguez García, de 50 años, trabajaba como eventual en mantenimiento y hasta ayer desempeñaba su puesto en Gasteiz, pero antes había estado cuatro años en Bilbo. «Josean trabajaba para poder sacar adelante a su hija», ha dicho sus compañerosm concentrados en Gasteiz.

Izaga ha pedido a la sociedad «una respuesta común sensata, más allá de la falta de respuesta de las instituciones».

«No podemos comprender el que se fuerce a la gente a llegar a estos extremos, no vamos a comprender eso jamás», ha afirmado, para denunciar que los desahucios «se están convirtiéndose en una fuente de muerte, porque hay unas políticas, como la Ley de Desahucios de 1909».

En ese sentido, ha criticado que el Gobierno español «ha cambiado la legislación cuatro veces por semana, pero, que casualidad que nadie pone el cascabel al gato a una legislación que es, casi casi, napoleónica».

Finalmente, los funcionarios han trasladado un recuerdo muy especial para la familia de su compañero y sobre todo, para su hija.

Ayuntamiento de Bilbo

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbo ha reclamado la paralización de los procesos de ejecución de desahucios que afecten a personas o familias «en situación de riesgo y exclusión».

Todos los grupos municipales han aprobado un documento en el que el Consistorio traslada su «dolor y consternación» a los familiares de José Antonio Diéguez y se compromete a actuar en casos de desahucios a través de sus servicios sociales, viviendas municipales y equipos de intervención sicológica para atender «las situaciones que se puedan producir y prevenir casos de riesgo».

El Ayuntamiento muestra, asimismo, su disposición a colaborar y articular fórmulas junto con el ámbito judicial para intentar prevenir las situaciones de riesgo.