Ninguno de los delitos investigados en CAN figura en la denuncia de UPyD

El partido de Rosa Díez está obteniendo un enorme rédito político a raíz de haber denunciado a Banca Cívica en Iruñea. Sin embargo, su denuncia no tiene nada que ver con lo que ahora se está investigando y, de hecho, nunca debió de haberse interpuesto en la Fiscalía de Nafarroa, porque no es competente para investigar la salida a Bolsa y la pérdida patrimonial de las cuatro entidades tras la fusión, que es lo único que ha denunciado esta formación.

Aritz INTXUSTA|2013/03/31 10:12|0 iruzkin
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Rosa Díez y Toni Cantó en el Congreso. (AFP)

Ninguno de los supuestos casos de corrupción que están dando fruto en los juzgados aparece en el escrito que presentó UPyD ante la Fiscalía navarra. Ni las dietas, ni la falta de inspecciones, ni los supuestos amiguismos, ni las inversiones dudosas figuran entre sus acusaciones. Y, por supuesto, tampoco el supuesto cohecho de Miguel Sanz, Yolanda Barcina y el resto de miembros de la Permanente. Todos ellos han surgido a raíz de la denuncia de Kontuz. Las referencias a la CAN en la denuncia de UPyD son prácticamente nulas y su petición de pruebas se limita a una simple pericial para verificar la pérdida de valor en el momento de la fusión.

De prometer a la prensa el contenido íntegro de la denuncia, UPyD ha pasado a atesorar el texto como su secreto mejor guardado. Aun así, GARA ha tenido acceso a ella en su integridad. El motivo del secretismo es que poco o nada tiene que ver lo que han denunciado con lo que está acaparando los titulares de prensa. Eso sí, el partido de Rosa Díez ha tenido habilidad para gestionar las filtraciones y obtener rédito político en Nafarroa y colgarse las medallas. De esta forma, han conseguido notoriedad para su desconocido líder en Nafarroa, el abogado pamplonés Diego Paños.

En la práctica, su denuncia ha supuesto más un estorbo que un avance al procedimiento que se está siguiendo, dado que ha activado un conflicto de competencias que podría terminar llevando el asunto a Madrid.

La denuncia de UPyD tiene un marcado carácter mediático, imputando seis delitos, entre los que se incluye la estafa, contra los administradores de Banca Cívica, que son quince personas, tres de ellas navarras. El fundamento casi único de su escrito ante la Fiscalía es la falta de información en el folleto de salida a bolsa de Banca Cívica. Entienden que no cumplió con todos los requisitos e infieren que la caída en la Bolsa supone que las cuentas de años anteriores de las cuatro cajas pueden estar falseadas.

El escrito contra Banca Cívica nunca debió de ponerse en la Fiscalía navarra. Los delitos que denuncian afectan a ciudadanos de diversos puntos del Estado y, por tanto, son competencia de la Audiencia Nacional. A pesar de ello, Rosa Díez viajó a Iruñea a presentar, en su nombre, el escrito ante el fiscal. Sucedió el 27 de diciembre, cuando el «caso Cervera» acaparaba las portadas de los rotativos madrileños. UPyD tenía a su favor que entre los tres cargos de CAN que aparecen en su denuncia se encuentra José Antonio Asiáin, víctima del presunto soborno del parlamentario del PP. Los otros dos navarros a los que acusa son Enrique Goñi y Alberto Pascual, pero se hace en calidad de administradores de Banca Cívica.

Maniobra política al descubierto

La intencionalidad mediática de poner la denuncia en Nafarroa quedó en evidencia cuando la juez María Paz Benito decidió ponerse a investigar las cuentas anuales y derivar a Madrid la salida a Bolsa. En ese momento, el partido de Rosa Díez presentó un escrito reclamando que la competencia era de la AN. Es decir, pese a su visita a la capital navarra, su intención siempre ha sido que el proceso se siguiera en Madrid. Este interés porque las cuentas de la Caja se investiguen en la Audiencia Nacional es compartido por el último director de Caja Navarra, Enrique Goñi, y el expresidente Miguel Sanz.

La participación de UPyD en las primeras indagaciones sobre el caso también ha sido nula. A pesar de haberse personado como acusación popular en los hechos denunciados por Kontuz, Paños no acudió a los primeros interrogatorios en torno a las dietas de CAN. La juez María Paz Benito llamó a declarar a Alberto Pascual y Amaya Rández (que fueron quienes redactaron las actas de la presuntamente irregular Permanente de CAN y también de la Junta de Entidades Fundadoras) el día 8 de marzo. En la toma de testimonios solo estuvieron los letrados de las defensas y de la acusación popular ejercida por la asociación sin ánimo de lucro Kontuz.

El interés de UPyD por el cobro de dietas de los principales líderes políticos de Nafarroa no despertó hasta este mismo martes, después de que la juez viera indicios de un posible delito de cohecho. En ese momento, Paños solicitó una serie de documentación, la mayoría de ella ya pedida por la juez o por la asociación Kontuz (y a pesar de que buena parte de la misma obraba en los sumarios, como los créditos a consejeros y familiares de estos). En realidad, la denuncia original de UPyD no recoge nada de créditos blandos. En todo caso habla de apropiación indebida pero únicamente de los consejeros de Banca Cívica

Básicamente, la petición de documentación que figura en la denuncia original de UPyD se limita a las cuentas anuales de las cuatro cajas (CAN, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol) de los años 2008, 2009 y 2010, que son de acceso público y están colgadas en la web de la CNMV. Asimismo, proponía una prueba pericial contable, pero que solo hace referencia al momento de la fusión de las cuatro entidades, ocurrida en el año 2010.

Ni dietas, ni inspecciones

Hasta ahora, el proceso a Caja Navarra ha dado fruto gracias a dos puntos de la denuncia de Kontuz: el cobro de las dietas y la falta de inspecciones. Cada uno de ellos, por separado, puede constituir delito. Las dietas se encuadrarían en un delito societario, sobre todo las de la Permanente, puesto que se trata de un órgano sin anclaje legal y absolutamente inoperante. Por su parte, Kontuz denunció «prevaricación por omisión» por el hecho de que el Gobierno navarro no inspeccionara a la caja en 12 años, pese a que no solo tenía atribución, sino también el deber de realizar inspecciones.

Sin embargo, la juez María Paz Benito (que instruye el caso desde el Juzgado Número 2 de Iruñea, puesto que Kontuz presentó allí la denuncia) entiende que la falta de inspecciones y los cobros injustificados a políticos están vinculados. Esto supone que Yolanda Barcina y Sanz podrían haber incurrido en cohecho. Este presunto delito es el más grave que ha aflorado hasta el momento en la investigación. A este respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, valoró esta semana que ha quedado muy acreditado por la juez que pudo haber cohecho en la CAN y que, por tanto, la Audiencia Nacional debe de inhibirse para que la instrucción siga en Nafarroa.

La denuncia de UPyD deberá prosperar, en todo caso, cuando la instrucción comience en la Audiencia Nacional. Sin embargo, en el presunto delito de falsedad de cuentas en CAN la mayor aportación tampoco ha sido fruto de la investigación del partido magenta, sino de Kontuz. La asociación ha sido la que ha identificado las empresas e inversiones «sospechosas» y los puntos concretos donde se habría dado el fraude, como los casos de Anca, Auna o Marco Polo.