El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Iruñea ha ejecutado la subasta de la vivienda de Ángel Tapia y María Ordaiz, quienes se asentaron en Iruñea en el año 2000 y en 2007 firmaron un préstamo hipotecario por 210.000 euros a raíz de una demanda interpuesta por Caja Laboral.

El miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Nafarroa Mikel Otazu ha asegurado que no había ningún postor por la vivienda y ha informado de una reunión entre la familia y el banco, en el cual la entidad ha trasladado su intención de «no desahuciarles».

«No no fiamos», ha dicho Otazu, tras considerar la actuación de este banco un «incumplimiento» de sus propios acuerdos», ya que algunos meses se comprometió a paralizar todo tipo de ejecuciones.

Al acto de hoy no han acudido ni el banco demandante ni ningún otro postor por la casa, por lo que Caja Laboral tiene 21 días para adjudicarse la vivienda, aunque Otazu ha señalado la intención de recurrir el acto por «indefensión», ya que la familia no ha contado con abogado ni procurador.

El recurso hará también referencia a la reciente sentancia europea que frena los desahucios, e incidirá en la «injusticia» que supone la existencia de «disparidad de criterios» entre los jueces ante casos similares.

La dación en pago e incluso el que la familia se quede con la casa y se le condone la deuda son algunas de las soluciones posibles según Otazu, quien ha lamentado que lo hoy ocurrido ha «hundido» a la familia.