«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez: Grande-Marlaska

El carácter periódico de estas visitas permite al Comité Europeo ir viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en este informe de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de jueces de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para limitar los efectos de la incomunicación.

Ramón SOLA|DONOSTIA|2013/05/01

La delegación europea dice que en 2007 eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas medidas y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica de «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación producidas en los cinco meses investigados de 2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias».

Aunque el informe evita detallarlo, se trata de Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante el periodo de incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».

En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce catorce detenciones incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en Nafarroa contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos más en Legorreta y otra en Bera en abril. Niega cualquier caso de maltrato.

En la actualidad, según afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están dispuestos a aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce meses.

TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha contra la tortura en Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a su labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar su actitud». Así las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por ejemplo de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio: «Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del Comité, este podrá (...) hacer una declaración pública al respecto».

Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si piensa hacer efectivas las recomendaciones de este Comité Europeo.

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