Urquijo ofrece la colaboración de la Policía española y la Guardia Civil para arrestar a Alkorta

El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ha ofrecido la colaboración de la Policía española y la Guardia Civil al Ejecutivo Lakua para proceder al arresto de Urtza Alkorta y poner así fin al «desafío» que para él supone el muro popular construido para obstaculizar su detención.

NAIZ.INFO|BILBO|2013/05/13|0 iruzkin

En un comunicado, Urquijo ha advertido de que «no es de recibo que esta coloboradora de ETA continúe en libertad», aunque ha reconocido «los obstáculos que Bildu está poniendo en Ondarroa» para dificultar su detención, impedimentos que, ha precisado, «no la hacen imposible».

El delegado del Gobierno de Madrid ha afirmado que tanto la Policía española como la Guardia Civil «posen toda la experiencia necesaria para colaborar con éxito, junto a la Ertzaintza, en su detención».

Urquijo ha lamentado que «habiendo transcurrido ya tres días desde que el Supremo dictara auto de prisión contra Urtza Alkorta, esta colaboradora de ETA, arropada por el brazo político de la banda, siga desafiando en Ondarroa a la Justicia y a la Policía».

«Cuando se ha cometido el error de no impedir una concentración arropando a la persona que debe ser detenida, la operación es, sin duda, más difícil pero no imposible», ha dicho.

Además, ha precisado que «si el Gobierno vasco lo desea y de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del Estatuto», la Delegación del Gobierno español ha ofrecido «la experiencia acreditada de las FSE ante este tipo de sucesos para terminar, de una vez y de manera eficaz, con esta burla al Estado de Derecho».

«Este tipo de actitudes o se cortan de raíz al principio o pueden convertirse en crónicas generando un grave problema de orden público», ha precisado.

Para Urquijo, queda acreditado que, «una vez más Bildu, bajo la apariencia de un acto de desobediencia civil, no hace otra cosa que arropar y tratar de evitar la detención de una colaboradora de la banda terrorista ETA situándose de nuevo fuera de los límites señalados en la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de junio de 2012». «Estoy seguro que la Fiscalía tomará buena nota de este comportamiento», ha concluido.

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