Un informe de Lakua cifra en 94 los muertos por las FSE en el contexto del conflicto político

Un informe encargado por el Gobierno de Lakua cifra en 1.004 las personas fallecidas entre 1960 y 2013 por vulneraciones de derechos humanos en el contexto del conflicto político, de las que 94 corresponden a las FSE y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha. A ETA, CCAA y otros grupos se les atribuyen 837 muertes. El documento recoge más de 30.000 detenidos por motivaciones políticas sin que hayan sido imputados posteriormente y constata 5.500 denuncias públicas de tortura.

NAIZ.INFO|GASTEIZ|2013/06/14 11:28|10 iruzkin
Informe_vulneraciones
Jonan Fernández, Jon Landa, Juan María Uriarte, Ramón Múgica y Manuela Carmena entregan el informe a Urkullu. (ARGAZKI PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el obispo emérito de Donostia, Juan María Uriarte, han presentado en Gasteiz el Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco, que cuantifica las vulneraciones de derechos humanos desde 1960 hasta 2013 en Euskal Herria, desde atentados cometidos por ETA, los GAL y otras organizaciones parapoliciales y de extrema derecha, así como los abusos y muertes por parte las fuerzas policiales.

El documento, que forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, ha sido elaborado por el propio Uriarte, el exdirector de Derechos Humanos del gabinete de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, la juez Manuela Carmena y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Múgica.

Se define como una obra «recopilatoria» de trabajos anteriores y ha sido elaborado a partir de casos «constatados y constatables en base a fuentes fiables, suficientemente documentadas y ya existentes».

El trabajo, dividido en distintas etapas, cifra en 1.004 las personas fallecidas por vulneraciones de derechos humanos en el contexto del conflicto político, de las que 94 corresponden a las FSE y otras 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha. A ETA, CCAA y otros grupos se les atribuyen 837 muertes.

Además de los 1.004 muertos cuantificados, se incluyen datos de 3.772 personas heridas como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos en dicho período.

En el informe no se han incluido otros 201 casos que «necesitan mayor investigación», entre los que se encuentran los casos de 77 fallecidos.

En el apartado de violaciones graves del derecho a la integridad física y síquica, el informe matiza que no dispone de «datos suficientes y contrastados» pero constata que existen 5.500 denuncias públicas de tortura. Da cuenta de 124 personas hospitalizadas tras su paso por comisaría, y de 19 sentencias contra 62 agentes policiales, que afectan a 31 personas torturadas. 27 de los condenados fueron indultados.

Por lo que respecta a la conculcación del derecho a la libertad de expresión, información y opinión, el documento cita el «indebido cierre cautelar» de dos medios de comunicación.

30.000 detenidos sin imputar y 5.500 denuncias de tortura

En su parte final, en el capítulo de sugerencias, el informe refiere, en base a datos del Ministerio español de Interior, que 40.000 personas fueron detenidas en ese periodo por motivaciones políticas y que «menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA».

Abundancia de casos no investigados

El estudio constata la «penuria de datos y la abundancia de casos no investigados», por lo que propone adoptar medidas para «clarificar los atentados de ETA no esclarecidos» y para determinar la «realidad y extensión de la extorsión económica», así como «el número de personas que abandonaron el País Vasco por la violencia de persecución».

Además, solicita que se investiguen las violaciones de derechos humanos «no clarificadas y cometidas por las fuerzas del orden público o por grupos violentos ya fueran estos controlados o incontrolados, así como cualquier otra práctica legislativa, ejecutiva o judicial que hubiera podido desembocar en vulneración de los derechos humanos».

El estudio señala que existen «sufrimientos» que no pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos según los estándares internacionales. Sin embargo, subraya que «esto no significa» que esas situaciones «no deban tenerse en cuenta».

Así, destaca que «277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia», como suicidios, enfrentamientos, «manipulando su propio armamento» o por «disparos fortuitos entre cuerpos policiales».

«Garantizar la justicia y la reparación»

El lehendakari ha destacado que el trabajo se ha elaborado por personas «independientes» «desde la primacía de los principios éticos» y con el objetivo de «garantizar la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas, sin equiparaciones ni discriminaciones».

Urkullu ha afirmado que el informe contiene «datos objetivos» que reflejan «la verdad de lo ocurrido». «Los datos informan, no pueden hacer daño; el daño lo puede hacer una interpretación de los mismos que no atienda a los principios éticos», ha manifestado.

Por su parte, Uriarte ha indicado que en el informe se ha procurado combinar la claridad y la delicadeza «evitando toda equiparación» y ha abogado por continuar por el camino hacia la paz y la reconciliación, una tarea «difícil pero ineludible».

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