«Los presos fueron sacados de sus celdas en el estado en el que se encontraban, lo que supuso que muchos de ellos no llevaran puesta ropa alguna más allá de la ropa interior, y zapatos. Durante el traslado desde las respectivas celdas hasta el departamento de ingresos de dicho Centro Penitenciario, parte de los cientos de funcionarios de dicho centro que allí se encontraban, así como los que realizaban los traslados, formaron una especie de ‘pasillo’ de forma que los presos que iban esposados con los brazos hacia atrás, con un palo o similar entre los brazos para obligarles a caminar con la cabeza gacha, mientras iban pasando por entremedio, los funcionarios o parte de ellos, los iban golpeando, al mismo tiempo que les proferían expresiones que afectaban a su honor y dignidad tales como ‘cabrón, te vas a enterar cabrón, saco de patatas, listillo...’, así como realizaron acciones que también afectan a la dignidad, como escupirles. Igualmente, en el departamento de ingresos, lugar donde se practicó el reconocimiento médico de todos los presos, algunos de ellos, teniéndolos bocabajo fueron golpeados por parte de los funcionarios del referido centro penitenciario».

Este texto está extraído literalmente del apartado de «Hechos probados» de la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el juicio contra las torturas infringidas por funcionarios de prisiones a los reclusos de Quatre Camins tras el motín de 2004. Pese a la crudeza de los hechos probados, la Audiencia ha decidido no condenar a los acusados por torturas -artículo 174 del Código Penal-, sino por delito de atentado contra la integridad moral -artículo 175-, con penas inferiores. La condena por torturas implica penas de uno a seis años de prisión -dependiendo de la gravedad-, mientras que el atentado contra la integridad moral está penado con condenas de seis meses a cuatro años.

Cabe recordar que, según el Código Penal, «comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido (…) la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral».

Pese a afirmar, en la misma sentencia, que «existe una total homogeneidad entre el delito de tortura descrito en el artículo 174 del CP que fue objeto de acusación, y el delito de atentado contra la integridad moral del artículo 175», la Audiencia considera que los términos «‘condiciones’ y ‘procedimientos’ traslucen la idea de reiteración, sistemática, método o al menos permanencia». Argumento con el que justifica la condena por atentado contra la integridad moral en vez de por torturas, que es lo que pedían tanto las acusaciones como la propia Fiscalía. Y es que según la sentencia, «el ataque a la integridad física de los internos se produjo de forma casi espontánea».

Penas mínimas

Además de rebajar el tipo de delito por el que se condena a los funcionarios de Quatre Camins, la sentencia les aplica la mínima pena prevista de seis meses de prisión. Lo hace argumentando «la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas». Unas dilaciones de las que las acusaciones responsabilizan a los propios acusados, tal y como se lee en la entrevista que NAIZ realizó a uno de los torturados.

Así las cosas, la máxima condena recae sobre el subdirector médico de la prisión, Xavier Martínez Redondo, al que se le condena por siete delitos de atentado contra la integridad moral, con seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por cada uno de los delitos. Esto sumaría tres años y medio de prisión y 14 de inhabilitación, pero la propia sentencia recuerda que «el máximo efectivo de cumplimiento no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido». Es decir, que en la práctica, Martínez Redondo cumplirá un máximo de 18 meses en prisión y seis años de inhabilitación.