Tras una visita de dos semanas, Emmerson ha aconsejado al Estado chileno poner en práctica una estrategia nacional sobre la problemática mapuche y poner fin a la aplicación de la «ley antiterrorista» y a la impunidad en las muertes de indígenas.

El relator ha hecho públicas estas recomendaciones en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago, al término de una visita que comenzó el 17 de julio a raíz de una invitación del Gobierno chileno.

En estas dos semanas, Emmerson se ha renuido con altos funcionarios del Gobierno chileno, con integrantes del Poder Judicial y Legislativo, con miembros de los dos cuerpos policiales y con representantes de la Iglesia y de distintos organismos de la sociedad civil.

Su misión se ha centrado en analizar el conflicto mapuche, que desde los años 90 se enfrentan en Wallmapu a empresas agrícolas y forestales por la propiedad de sus tierras ancestrales.

Por estos hechos han muerto tres mapuches en la última década por disparos de policías, un carabinero que fue alcanzado por una bala durante un registro y un matrimonio de ascendencia suiza y dueño de un predio que fue incendiado en enero, hecho por el cual hay un joven indígena en prisión preventiva.

«Chile actualmente no enfrenta una amenaza terrorista significativa en su territorio», estima, sin embargo, el relator especial de la ONU sobre la protección y promoción de derechos humanos.

Pero Emmerson sí ve riesgos de que el conflicto mapuche se agrave y por ello ha recomendado al Estado de Chile que adopte «con urgencia» una estrategia nacional sobre este problema dentro de «un plazo definido y relativamente breve».

De no ser así, ha advertido, esta situación «podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada».

Esa estrategia, según Emmerson, debe ser diseñada en conjunto por el Gobierno y por una nueva comisión consultiva nacional e incluir la «repatriación» de las tierras, el reconocimiento de los derechos de los mapuches y el fin de la discriminación institucional y judicial.

Para ello, ha solicitado el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, así como la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

En segundo lugar, Emmerson ha recomendado poner fin a la aplicación de la «ley antiterrorista»  en causas vinculadas con sus reclamaciones territoriales y ha pedido además enmendar o derogar esa normativa.

Esa legislación, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, «se ha convertido en parte del problema y no de la solución», ha señalado el relator, que ha insistido en que se debería dejar de invocar «en este contexto políticamente delicado y potencialmente explosivo».

El relator considera además que la labor de los fiscales y jueces y la protección de los derechos de las víctimas de la violencia se puede llevar a cabo mediante la aplicación de la legislación penal ordinaria.

Por último, el alto funcionario de Naciones Unidas ha aconsejado terminar con la «actual situación de impunidad de facto» por los delitos cometidos por agentes de Carabineros, que han causado la muerte de tres jóvenes mapuches desde 2002.

En uno de los casos, el policía condenado siguió trabajando en esa institución.

Emmerson ha subrayado que el próximo Gobierno que asuma el poder en marzo de 2014 debería considerar la solución de este conflicto como una «prioridad política», que requerirá de un enfoque multisectorial y un gasto considerable en capital político y económico.

Estas recomendaciones se incluirán en el informe anual que el relator presentará en marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.