Lokarri dice que ETA acepta tratar su desarme con los agentes vascos

El coordinador de la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Lokarri, Paul Ríos, ha manifestado que ETA acepta discutir sobre su desarme y desmantelamiento con los agentes políticos y sociales vascos implicados en el proceso de paz, en vez de hacerlo con el Gobierno español.

Naiz.info|bILBO|2013/08/04
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Paul Rios. (Luis JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS)

El coordinador de la plataforma ciudadana Lokarri, Paul Ríos, ha destacado en una entrevista concedida a la agencia EFE el cambio de actitud de ETA en relación a la interlocución para su desarme y desmantelamiento, tras asumir que la vía de diálogo con el Gobierno español está cerrada.

«Antes, el modelo que proponía ETA eran conversaciones entre el Gobierno y ellos para hablar del tema del desarme, su disolución y los presos y, en el último comunicado, en cambio, acepta que todas estas cuestiones se pueden discutir con la sociedad vasca», subraya Ríos sobre el comunicado que la organización armada realizó el pasado 15 de julio.

Ríos ha afirmado que «no hay ninguna solución al proceso de paz que no sea una salida a la vasca», como propuso el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la celebración del aniversario de la fundación del partido el pasado miércoles en Bilbo.

«No se puede negociar todo un proceso de paz sin contar con la sociedad vasca, con sus instituciones, sus legítimos representantes, su sociedad civil», ha argumentado.

«Por lo tanto, yo creo que, por fin, a excepción del Gobierno de España, el resto de actores ha llegado a la conclusión de que se ha de dar protagonismo a la sociedad vasca y creo que este es el punto de partida más adecuado para pensar que las cosas se pueden hacer bien», ha subrayado.

Pese al protagonismo que ha de cobrar la sociedad vasca en el proceso, el coordinador de Lokarri ha reconocido que se necesita la «colaboración» del Gobierno español, al menos en lo referido a la cuestión de los presos.

En este sentido, se ha mostrado muy crítico con el papel desempeñado hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy al que ha acusado de comportarse de forma «cicatera» en materia penitenciaria e ignorar los reiterados pronunciamientos del Parlamento de Gasteiz para que se modifique la política carcelaria.

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