El gran economista John K. Galbraith narró un episodio de la visita que Nikita S. Jrushov hizo a Estados Unidos. En una reunión con políticos y empresarios Jrushov alabó las firmes creencias económicas de los presentes para a renglón seguido afirmar que la economía no era precisamente una materia que se caracterizara por coincidir con los deseos de cada cual. Palabras que viniendo de un político subrayan, más si cabe, el voluntarismo y la ligereza con que la mayoría de las veces se suelen encarar los problemas económicos, al anteponer los deseos y las urgencias políticas a la búsqueda de soluciones a largo plazo.

Una primera lectura del acuerdo que se hizo público el lunes deja la impresión de que, más que una propuesta de soluciones a los problemas económicos de este país, el acuerdo responde a las necesidades de sus firmantes. Y es que a pesar de lo extensas que son las partes dedicadas a cuestiones económicas, poco o nada se dedica a ofrecer soluciones. El documento elude responsabilidades y evita cualquier análisis de las causas que han provocado la crisis económica y vuelve a recuperar los viejos discursos de «estímulos empresariales», «planes interinstitucionales de inversiones», etcétera. La retórica de siempre adornada esta vez con un apartado dedicado a la economía local en un claro intento de apropiarse del concepto, que no del contenido.

En este ámbito no solo no hay novedades, sino que en su afán por justificar las inversiones en infraestructuras dan una muestra clara de la mentalidad que anima a los firmantes del acuerdo. Así, por ejemplo, llegan a justificar que determinadas infraestructuras merezcan un tratamiento especial por su «importancia intrínseca». Siempre había creído que las infraestructuras eran medios para conseguir ciertos fines: mejorar el transporte, abastecer a la población de ciertos servicios como puede ser el agua corriente, los servicios sanitarios... Según este acuerdo resulta que no es siempre así; pueden haber infraestructuras que tengan valor en sí mismas, que no sean un medio para conseguir otros fines, sino que ellas mismas sean un fin. ¿Infraestructuras sin ninguna utilidad? No sé si se refieren a esos aeropuertos peatonales tan de moda últimamente. O a la línea de alta velocidad que siguen empeñados en construir y por la que ya, por lo visto, prevén que no pasará ningún tren. ¿A la incineradora tal vez?

Esa frase da la medida exacta de cómo ven el sector público los firmantes del acuerdo. Para ellos no es un instrumento al servicio del bien público, sino que se trata de una herramienta que sirve para construir cosas que pueden ser perfectamente inútiles porque a alguien le ha parecido que tienen «valor intrínseco». Llegados a este punto, si de lo que se trata es de hacer una discusión sobre la «importancia intrínseca» de las cosas, está de sobra la economía, que trata de valorar los medios a utilizar para conseguir ciertos fines; está de sobra la ecología, que trata de las valoraciones de nuestras actividades sobre el medio ambiente en el que vivimos; y está de sobra la política, en tanto en cuanto los asuntos públicos se ven reducidos a una mera discusión metafísica sobre el valor de las cosas.

Tras este despliegue doctrinal para apuntalar la política de inversiones en infraestructuras, parece lógico que el acuerdo recoja como un gran logro que se garantice la misma financiación para Educación, Sanidad y Políticas Sociales para 2014 que la recogida en el presupuesto prorrogado de 2013. Después de los recortes que se han hecho los últimos años no parece, en principio, algo de lo que se pueda alardear y mucho menos un avance en «nuestro modelo social». Se quiera o no, el desarrollo del Estado de Bienestar va íntimamente unido a la política fiscal y en este ámbito más que un avance hacia un sistema fiscal más justo y progresivo, se observa un retroceso hacia el pasado.

El acuerdo plantea aumentar la presión fiscal a las rentas del trabajo, reducírsela a las rentas de capital y no hace ninguna mención a la tributación de la riqueza. De esta manera, volvemos al esquema de hace unos años, que se caracterizaba por que el grueso de la presión fiscal recaía sobre la clase trabajadora. Impresión que se refuerza al analizar lo que plantean en el Impuesto sobre Sociedades. En este caso han recogido las conclusiones de la ponencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa y las han amasado hasta dejarlas irreconocibles: de un fondo para inversiones el acuerdo plantea la posibilidad de dotar hasta tres fondos; establecen un límite mínimo que no es tal, porque después las empresas se pueden seguir aplicando otras deducciones, etcétera. Si se pone en práctica todo lo que recoge el acuerdo, el resultado va a ser que si las empresas hasta ahora pagaban en palabras de Ignacio Zubiri «entre poco y nada», ahora habrá barra libre para que la aportación empresarial sea cero.

Finalmente, en el documento no se hace ninguna mención al principal problema económico que tenemos las y los vascos: la falta de soberanía que encorseta y restringe la capacidad de las instituciones vascas para legislar sobre las relaciones laborales, para modificar los impuestos indirectos o para determinar la cuantía del déficit del sector público. Sin capacidad para decidir, poco recorrido queda. Sin embargo, en la parte fiscal del acuerdo bien se preocupan los firmantes de que sus huestes voten a favor de lo allí recogido. Ese cierre de filas tan explícito refleja a la vez la debilidad y el autoritarismo que destilan los firmantes.

La sensación que queda es que quieren ahogar el modelo que se ha perfilado en Gipuzkoa, donde se ha demostrado que hay margen para recaudar más y gastar mejor. Y para subir el gasto social, incluso en épocas de crisis, mientras que para ellos mantenerlo es un gran logro. Tratan de evitar la confrontación de modelos ahogando al emergente para que no quede en evidencia que el suyo no es ni mucho menos el mejor, sino el más sórdido.