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Barcelona

Un proyecto lleno de irregularidades

Ausencia de un estudio sismológico, un sobrecoste de 800 millones de euros financiado, en parte, con dinero público y numerosos peligros no estudiados seriamente. Las irregularidades que acompañan al proyecto Castor son numerosas, aumentando el recelo de las poblaciones vecinas.

Un barco navega cerca de la plataforma Castor. (Lluis GENE/AFP PHOTO)
Un barco navega cerca de la plataforma Castor. (Lluis GENE/AFP PHOTO)

En el mundo hay más de 600 almacenes como el de Vinaròs –uno de ellos en Bermeo– y los expertos aseguran que entra dentro de la normalidad que, durante el proceso de inyección de gas, se produzcan microseísmos de muy baja intensidad. Sin embargo, los terremotos con epicentro en la desembocadura del río Sénia han ido más allá y la propia empresa ha reconocido ya que la intensidad de los seísmos está muy por encima de la prevista.

Son varios los geólogos que en los últimos días han dado su opinión en los medios de comunicación, entre ellos Mariano Marzo, catedrático de recursos energéticos de la Universitat de Barcelona, quien lanzó como hipótesis que las inyecciones de gas habrían podido reactivar la falla de Amposta, dando paso a este episodio de terremotos más intensos de lo previsto.

También habló una de las mayores autoridades en terremotos inducidos en el Estado español, el catedrático de ingeniería geológica de la Universidad Complutense de Madrid Luis González de Vallejo, quien aseguró que tanto la empresa como el Gobierno español «tenían que saber que esto podía pasar» ya que, a su juicio, las nuevas tecnologías permiten prever episodios como estos. González de Vallejo aseguró, además, que, con un estudio detallado, se podría adaptar la presión del gas al almacén, atenuando de esta manera los temblores.

Pero claro, para ello, lo primero que se necesita es un estudio sismológico sobre la zona. Algo que, según la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, no existe. Uno de sus miembros, Lluc Ulldemolins, explica que dicho estudio «debería estar en el estudio de impacto medioambiental y no está». Y responsabiliza de ello a la empresa y al entonces Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria. También denunciaron el hecho ante la Comisión Europea, que igual que el Gobierno español, cerró los ojos.

El de los terremotos no es, además, el único peligro por el que desde hace más de cinco años vecinos de la zona se oponen al proyecto. Ulldemolins explica que «este almacén antes estaba lleno de petróleo, del que todavía quedan restos; cuando se inyecte más gas a alta presión, no sabemos qué puede pasar». También lamenta que «se dijo que aportaría muchos puestos de trabajo en la zona, pero no está siendo así». Es más, les preocupa «la afectación que el proyecto pueda tener sobre la pesca o la ostricultura, que son los motores económicos reales de la zona». Entidades ecologistas también han subrayado el peligro que suponen los terremotos para las tres centrales nucleares situadas en la zona –las dos de Ascó y la de Vandellós–.

Florentino Pérez siempre gana

Además de los peligros para los habitantes, la plataforma opositora denuncia también los intereses económicos relacionados con el almacén de gas. El proyecto Castor está impulsado por la empresa Escal UGS, de la que un 66% es propiedad de la constructora ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El otro tercio es de una empresa canadiense. Cuando la instalación esté en marcha, ACS pasará a controlar un tercio de la empresa, ya que el otro tercio irá a parar a Enagás, de la que Kutxabank controla un 5%.

Eso será así siempre que el proyecto continúe, ya que ACS todavía está a tiempo de renunciar a la concesión y exigir una indemnización por el coste de la obra. Una obra que, por cierto, no ha pagado Florentino Pérez. Estaba presupuestada en 500 millones de euros –cantidad proveniente del Europa– y ha acabado costando 1.300 millones euros. Un sobrecoste sobre el que Industria anuncio una auditoría de la que nunca más se supo. Según la plataforma opositora, el resto del dinero se obtuvo a través de la emisión de bonos gestionados por el Banco Santander y comprados, entre otros, por Bankia. Unos bonos que esta semana la agencia de calificación Fitch situó en vigilancia, al borde del bono basura.