La propuesta, presentada por Izquierda-Ezkerra (I-E), tiene por objeto «recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica» de los represaliados a través de una serie de actuaciones, entre las que se incluye 
«la celebración anual de un acto institucional dedicado a la memoria de los presos encarcelados en el Penal del Fuerte San Cristóbal; la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, al que se otorga el máximo nivel de protección, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley; y la instalación, en tres meses, de sendas placas bilingües en la fachada de Diputación y en el atrio del Parlamento, con la relación de los funcionarios, personal y cargos electos asesinados como consecuencia de la sublevación militar».



Además, a modo de homenaje a los navarros recluidos en campos de concentración europeos debido a su lucha «contra el fascismo y la libertad tras el golpe de estado franquista y durante la II Guerra Mundial», en el plazo máximo de un año se colocará también una placa en cada uno de los campos donde haya habido presencia navarra. UPN y PPN se han opuesto a esta enmienda, que ha sido respaldada por el resto de los grupos.



A instancias de Bildu se promoverá asimismo la anulación »de todas las distinciones, nombramientos, títulos, honores y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista». Para ello, las administraciones públicas de Nafarroa dispondrán de un año para expedir las correspondientes certificaciones, que posteriormente remitirán al Gobierno de Madrid. UPN y PPN también han votado en contra de esta enmienda, que ha recabado el apoyo del resto de grupos.



El mismo resultado ha obtenido la propuesta de «deslegitimar definitivamente» los instrumentos jurídicos del franquismo, para lo cual el Gobierno de Navarra tendría que solicitar al Estado español «la nulidad de todos los juicios que por motivos políticos vinculados a la República, a la Guerra Civil o a la defensa de la democracia, llevaron a cabo tribunales militares o civiles».

No ha prosperado la petición formulada por Aralar para solicitar al Ministerio de Defensa la propiedad del Fuerte San Cristóbal, donde sugería ubicar un Museo de la Memoria histórica, ya que al voto en contra de UPN y PPN se ha sumado la abstención del PSN. 



La proposición de Ley aprobada también plantea que la Administración asuma la elaboración de un censo de desaparecidos y su búsqueda, que correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Nafarroa. También se decreta la creación de un Banco de ADN que, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Nafarroa, se encargará de conservar las muestras de restos óseos procedentes de las exhumaciones.



El texto dispone, además, la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Nafarroa, una serie de enclaves «reconocidos, preservados y con los gastos de mantenimiento a cargo del Gobierno», tales como «fosas, lugares de detención, obras públicas realizadas por esclavos o espacios destacados en los sucesos de aquella época».