Los alcaldes de Ondarroa (Argia Ituarte), Hernani (Luis Intxauspe), Larrabetzu (Marian Gaztelu) y Lasarte-Oria (Pablo Barrio) han comparecido ante la comisión de Derechos Humanos del Parlmento de Gasteiz, donde han solicitado a la Cámara que analice la situación de los presos gravemente enfermos y haga el pronunciamiento que considere más adecuado sobre su puesta en libertad.

Los citados alcaldes, junto con los de Arbizu, Errenteria y Agurain crearon el pasado mes de mayo una comisión para entrevistarse con partidos, instituciones y organismos para propugnar la libertad de quince vecinos de esos municipios.

Argia Ituarte ha dicho que «no es humano» que se agrave la situación de estos presos, a los que, entre otros, se les conculca el derecho a la «dignidad» porque una persona que está en la última fase de su vida tiene que salir de la cárcel.

Ha recordado que el artículo 92 del Código Penal prevé la posibilidad de que a los presos mayores de 70 años y con enfermedades muy graves e incurables se les conceda la libertad condicional y ha señalado que esto es algo que se debe solucionar con «preferencia».

A su juicio, este es un «paso pequeño pero importante» para asentar el tiempo de «normalización política» que, según ha recordado, se abrió hace dos años con la declaración de cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA.

Maribel Vaquero (PNV) ha recordado la postura de su partido favorable a una «humanización de la política penitenciaria», en la que se potencie la reinserción de los presos, el acercamiento a sus lugares de origen y la puesta en libertad de los gravemente enfermos.

Laura Mintegi (EH Bildu) ha planteado a esta comisión de alcaldes que no limite su actuación a los presos enfermos sino que también atienda a los cuatro presos, todos del sumario 18/98, que tienen más de 70 años.

Ha aplaudido la iniciativa de los alcaldes de su coalición, que ha puesto como ejemplo frente a otras actuaciones propias «del pasado», como la operación contra Herrira o los macrojuicios que se celebran esta semana, con los que se «combaten ideas políticas».

Rodolfo Ares (PSE) ha iniciado su intervención recordando que estos alcaldes hablan de presos condenados por actividades relacionadas con el «terrorismo» y que en un Estado de Derecho son los jueces, con unos informes técnicos previos, los que aplican las leyes.

Carmelo Barrio (PP) ha defendido la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy y ha afirmado que con su aplicación no se dan «situaciones injustas».