La sesión en las Cortes de Madrid ha comenzado con un minuto de silencio en apoyo a las víctimas de la violencia de género. A renglón seguido, de acuerdo con el Reglamento para este tipo de proposiciones, se ha dado lectura al criterio del Gobierno, tarea que ha llevado a cabo al secretario primero del Congreso, Ignacio Gil Lázaro.

«Los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Es decir, sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas», señala el Gobierno en este documento.

«Y si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que, con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación», añade el documento.

Para el Ejecutivo del PP, ni el aspecto formal –la delegación de la competencia–, ni el fondo del asunto –el objeto del referéndum–, tienen cabida en la Constitución. «Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo», sentencia.