Si al entrar en el portal de casa me cruzara con una pareja de la Guardia Civil que se lleva detenido al encargado de la reforma del apartamento de mi vecino por estafarle en los precios de los gremios, y yo estuviera haciendo obras en la cocina con la misma empresa y además coincidiera que compartimos fontanero, les aseguro que al menos llamaría para preguntar qué pasa y cerciorarme de que no me estén estafando también a mi. Llámenme obsesivo. Salvo -claro está- que el dinero con el que pagamos las obras mi vecino y yo no sea nuestro, sino de la comunidad, y tanto las empresas como mi vecino y yo estemos muy interesados en que nuestro piso quede muy bonito y elegante, sin reparar en gastos. Entonces podría mirar a otro lado y hasta pedir que me cambien el color de los azulejos.

Por eso llama la atención que el Gobierno de Lakua no dé muestras de preocupación, o al menos de alguna inquietud, tras ver a la Guardia Civil deteniendo a máximos responsables de la empresa estatal que dirige las obras de la «Y vasca» y de una de sus constructoras. La apelación a que «aquí se cumplen escrupulosamente los procedimientos» tampoco tranquiliza, cuando lo que se sabe de la presunta trama es que se les acusa, precisamente, de inflar los precios haciendo que pareciera que se cumplían «escrupulosamente todos los procedimientos».

En las obras de la «Y vasca» hay constancia de precios que suben, de plazos que se incumplen, de que los procedimientos no se respetan con la pulcritud que se proclama, ni tampoco la seguridad laboral. Suficiente como para pararse a reflexionar. Salvo -claro está otra vez- que el objetivo común sea que la obras sigan.