Asociaciones europeas de juristas denuncian el aislamiento carcelario de abogados vascos

Las asociaciones AED-EDL (Abogados Europeos Demócratas) y ELDH (European Lawyers for Democracy and World Human Rights) critican la situación que sufren los letrados Jon Enparantza, Arantza Zulueta y José Campo.

Naiz.info|Londres|2014/07/23|0 iruzkin
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Detención de la abogada Arantza Zulueta el pasado enero. (Luis JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS)

Las asociaciones de juristas europeos AED y ELDH han hecho pública una nota en la que denuncian la situación de los abogados vascos Jon Enparantza, Arantza Zulueta y José Campo, detenidos a principios de años y en prisión preventiva desde entonces. «Las restrictivas medidas de seguridad a las que son sometidos suponen un gran aislamiento», apunta el documento emitido por estos organismos con representación en más de veinte estado europeos.

AED y ELDH destacan que Zulueta «se encuentra en situación de aislamiento extremo en la prisión de Puerto III, a 980 kilómetros del País Vasco, y con un régimen de vida que no es compatible con el disfrute de los derechos que le asisten. Esta situación penitenciaria afecta de manera irreversible a nuestra defendida y pueden generar un daño irreparable en su integridad física y mental. Al no haber sido sentenciada, esto es incompatible con la presunción de inocencia». También subrayan que «Jon Enparantza está exactamente en la misma situación en la prisión de Segovia, a 410 kilómetros de Donostia».

Además, ambos organismos muestran su preocupación «por informaciones filtradas recientemente en la prensa, por la que podría darse un operativo contra un colectivo de abogados concretos».

AED y ELDH reclaman que los letrados sean puestos en libertad mientras aguardan a su procesamiento, que este no se celebre ante «un tribunal de excepción» como la Audiencia Nacional española y que «la Guardia Civil no se conduzca en el futuro con informes excepcionales que sean utilizados como única base para llevar adelante operativos policiales como este» y que se garantice que el derecho a la defensa «sea ejercido de manera libre y sin presiones ni amenazas constantes».

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