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Madrid

Activistas de Greenpeace se cuelgan contra la Ley Mordaza de una grúa próxima al Congreso

Activistas de Greenpeace han permanecido cuatro horas y media colgados de una gran grúa junto al Congreso español con una pancarta con el lema «La protesta es un derecho» para mostrar su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza, que entra en vigor este miércoles.

La protesta de Greenpeace ha tenido lugar en una grúa cercana al Congreso. (@greenpeace_esp)
La protesta de Greenpeace ha tenido lugar en una grúa cercana al Congreso. (@greenpeace_esp)

Los dos activistas se han bajado de la grúa a las 12.00 utilizando una pluma de los bomberos, que han subido varias veces hasta el lugar donde se encontraban. Greenpeace ha difundido a través de Twitter fotografías de sus activistas en la grúa y de otro más, junto a la puerta del Congreso, con otra pancarta con el lema «Sin mordazas».

Greenpeace ha denunciado que la nueva ley penalizará, entre otros comportamientos, formas de protesta pacífica como las que suele hacer su organización, en edificios públicos.

«Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España», ha declarado en un comunicado el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. A su juicio, la ley «está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos».

Greenpeace ha subrayado que la ley establece nuevas infracciones que encajan directamente con formas de protesta pacífica de algunos colectivos como los activistas antidesahucios, las mareas ciudadanas, los sindicalistas o los afectados por las participaciones preferentes, que además «no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana».

«En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación» y ello «contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos», ha denunciado la organización.

Para Greenpece, el hecho de que la ley sancione el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también «va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones».