Beaumont ha indicado que la solicitud de la intervención policial para poner fin a una concentración del alumnado provino de la gerencia de la Universidad Pública, y ha explicado que la actuación de los agentes fue «conforme al manual de procedimiento normalizado de trabajo» y que «no se utilizó material antidisturbios, ni siquiera cascos».

«¿Cómo se podría resolver la situación de otra manera más proporcionada?», ha cuestionado Beaumont, que ha añadido que se pretendía «reponer un estado de normalidad en el que todas las personas ejercieran pacíficamente su derechos y libertades».

La consejera ha relatado cómo en los informes se afirma que la solicitud de ayuda se produjo porque «unas setenta personas estaban obstaculizando totalmente el acceso, arrojando petardos, portando pancartas y lanzando silbidos. Se había intentado abrir paso para el normal uso de empleados y usuarios, pero no se les había permitido».

Beaumont ha añadido que se procedió a «hablar con quienes portaban la pancarta. Se les conminó a que trasladasen su protesta unos metros, dejando de bloquear el edificio por la fuerza. La respuesta fue proferir insultos a la policía y darse ánimos para resistir, dando instrucciones para cruzar los brazos y formar una barrera».

«Una vez constituida la barrera de forma sólida, y tras un último intento de convencerles de que dejaran su actitud, se usó la mínima fuerza imprescindible», ha proseguido, añadiendo que ello se realizó «sin hacer uso de las defensas reglamentarias».

Los informes reflejan que «el rector salió del edificio, escoltado por una línea de interposición de agentes para evitar cualquier tipo de agresión».

El portavoz parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha denunciado que fue una decisión «profundamente equivocada», y una «intervención inoportuna, innecesaria, precipitada y desproporcionada». «Censuramos la decisión del rector, no tenía impedido el acceso, y nada más llegar, forcejeó incluso con los estudiantes, intentando arrancar una pancarta. No debe ser la actitud de un rector ante una protesta pacífica».

Por el contrario, el portavoz de UPN, Sergio Sayas, ha señalado que «el Gobierno ha actuado bien, tal y como corresponde actuar».

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha precisado que «la actuación no fue incorrecta», pero ha considerado que «el quid de la cuestión» es «por qué hubo esa actuación».

El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que «se pudo actuar de otra manera», aunque «hay que hacer otras reflexiones, no sobre la actuación en sí misma. La proporcionalidad es muy subjetiva, hay que elaborar un nuevo protocolo para acotar responsabilidades a la hora de actuar».

El portavoz parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil, ha considerado que «sí se respetaron los principios de mínima intervención» pero que «al rector le ha faltado cintura».

Desde el PSN, Inma Jurío ha considerado que «la policía actuó correctamente y a petición de quién la requirió», aunque ha reconocido que la actitud del rector «podría haber sido más dialogante para evitar la intervención», mientras que el portavoz de PP, Javier García, ha calificado como «respetable» la actuación de la policía, ya que «respondió claramente a un derecho que tenía el rector».