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MADRID

Homs niega ante el juez del Supremo haber desobedecido al Constitucional

El portavoz del Partit Demòcrata Català (PDC) –la antigua Convergència (CDC)– en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo español Andrés Palomo haber desobedecido la resolución del Constitucional que prohibió la celebración de la consulta del 9N. Homs ha criticado el papel de la Fiscalía por ser contradictoria la presentación de la querella con la decisión inicial de los fiscales catalanes, que no veían caso.

Francesc Homs, flanqueado por representantes políticos e institucionales, a su llegada al Supremo. (@Govern)
Francesc Homs, flanqueado por representantes políticos e institucionales, a su llegada al Supremo. (@Govern)

Homs ha comparecido durante dos horas ante el Supremo, como investigado por el 9N, y ha abandonado el tribunal en un coche para dirigirse a la delegación de la Generalitat en Madrid, donde ha ofrecido una rueda de prensa.

En la comparecencia ante la prensa, en la que ha estado arropado por la plana mayor de su partido, ha explicado que la consulta soberanista fue «claramente legal», que el Govern actuó «de acuerdo con los mandatos del Parlament de Catalunya» y que se trata de una causa política.

«Su actuación no se sostiene por derecho sino por intentar impedir lo que hacemos en Catalunya de forma democrática y pacífica», ha aseverado en referencia a la postura del Gobierno español, al tiempo que ha añadido que existe una «obsesión política partidista» por parte del PP que, según defiende, no sabe abordar «con sentido de estado» la cuestión catalana.

Fuentes de su defensa, que ejerce el abogado Sergi Blázquez, han señalado que en su declaración, Homs solo ha respondido a las pregunta del juez y de su propio letrado, sin querer responder al fiscal.

No obstante, las mismas fuentes señalan que ha existido cierto diálogo con el fiscal del Supremo cuando Homs, de modo previo a su declaración, ha realizado una especie de declaración política criticando el papel de la Fiscalía y poniendo en evidencia el cambio de criterio del Ministerio Público en este asunto, ya que la querella se interpuso tras una reunión de la Junta de Fiscales de Sala tras haber rechazado esta posibilidad los fiscales catalanes.

Resolución inconcreta

En sus respuestas al juez Palomo, Homs ha destacado que no tiene conciencia de haber desobedecido al Constitucional, pues su resolución no era concreta y desconocía a qué ámbito de actuación se refería. Ha señalado que el proceso era imparable y él actuó inmerso en este ámbito político, según su defensa.

Al término de la declaración, Homs no ha querido realizar comentario alguno a los numerosos periodistas que le esperaban y se ha montado en un coche rumbo a la sede del Govern en Madrid, el centro cultural Blanquerna, donde ha convocado una rueda de prensa.

A las puertas del Supremo no había entonces nadie para arroparle, al contrario de lo que ha ocurrido pocas horas antes, cuando Homs ha llegado acompañado por el expresident Artur Mas, líderes del partido refundado como la vicepresidenta del partido, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila, Meritxell Borràs, el presidente del Grupo Parlamentario de Junts Pel Sí, Jordi Turull, o el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido, así como de diputados de otras formaciones.

El Ministerio Público, que es el único que acusa en esta causa, considera que Homs tuvo un papel de relevancia en la preparación de la convocatoria y basa su postura en la existencia de una carta con la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del Tribunal Constitucional.

En esta misiva, Homs no solo legitima la continuación de los servicios sino que se advierte «de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista» ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.