La Fiscalía ha solicitado diez años de inhabilitación para Artur Mas y otros nueve para cada una de las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración de la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014. Se les acusa de supuestos delitos de «desobediencia grave» (en el caso de Mas añade que sería «en calidad de autor»)y «prevaricación».

En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres especifican que, en el caso de que el tribunal optase por imponer por separado ambos delitos, las penas totales serían de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau.

La Fiscalía concluye que Mas, «intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad» «desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta del 9N», según el escrito de acusación. Acusa a Mas de articular «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» acordada por el TC y de hacerlo aparándose sólo en su voluntad y continuando los trabajos pero, eso sí, con la conveniente discreción, afirma la Fiscalía.

«Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC», sostiene la Fiscalía, que les acusa de intentar aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

Ortega, como vicepresidenta del Govern, «siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas» y fue la «impulsora directa de las principales actuaciones administrativas» para el 9N.

En el caso de Rigau, «puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario».