En sus escritos de defensa presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mas, Ortega y Rigau, acusados de desobedecer al Constitucional espñaol piden que Rajoy y Catalá testifiquen en el juicio por sus declaraciones públicas en las que, en su opinión, minimizaron la importancia jurídica de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

La defensa de Mas ha pedido un total de 11 testigos, pero solo en los casos de Rajoy y Catalá especifica el por qué solicita que comparezcan: «Para interrogar a los mismos sobre el contenido y alcance de sus declaraciones públicas con ocasión del proceso participativo».

Entre las testificales pedidas por Mas figuran además el exconseller Francesc Homs –también investigado por el 9N, aunque de su causa se encarga el Tribunal Supremo (TS)–, la que era presidenta del Parlament, Núria De Gispert, y el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver.

La lista de peticiones para el juicio –aún sin fecha– la completan: el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el expresidente del Parlament Joan Rigol; el presidente de la ACM, Miquel Buch; el presidente del Greco y juez del Tribunal Supremo de Croacia, Marin Mrcela, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Albertí y Joan Vintró.

Ahora, el tribunal deberá examinar los escritos de defensas y los de la acusación –ya presentados anteriormente por parte de la Fiscalía y la acusación popular– para valorar qué pruebas de las solicitadas admite y cuales no, para luego fijar la fecha del juicio.

Argumentos

La defensa de Mas insiste en su escrito en que el expresident no desobedeció porque el Govern «interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo» a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.

Creen que no se puede mezclar el haber puesto en manos de los ciudadanos determinados medios públicos para llevar a un proceso de carácter participativo, «enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática, con «organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial».

La defensa de Mas también insiste en que no hubo por parte del Constitucional «una orden concreta, precisa y determinada» de suspensión ni tampoco con un destinatario concreto para que se pueda aplicar un supuesto delito de desobediencia.

«El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje, claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta», valoran sus abogados.

Garantizar la seguridad

En cuanto a la supuesta prevaricación, los letrados lo ven «todavía más inverosímil» pues consideran que, aún aceptando que la consulta podría haberse suspendido, los acontecimientos podrían haber afectado a la seguridad y al orden público.

«Los más de dos millones de ciudadanos que se desplazaron a las urnas aquel 9 de noviembre de 2014 no hubiesen sustituido sus planes, sin más, por una comida familiar», valora el escrito presentado ante el TSJC; en este contexto, consideran que el Govern tenía la obligación de velar para que la jornada fuese lo más segura posible.

El juicio contra Mas, Ortega y Rigau se celebrará por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación de los que le acusa la Fiscalía –que podrían implicar una condena de inhabilitación– al descartar el TSJC la intención de la acusación popular, y a la que se opuso también la Fiscalía, de citarlos por malversación de fondos, lo que sí podría haber supuesto una pena de cárcel.