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Madrid

El Parlamento de Gasteiz lleva al Congreso una ley para compensar a las víctimas del amianto

Una delegación de todos los grupos políticos del Parlamento de Gasteiz, a excepción del PP, ha presentado este miércoles en el Registro del Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para que se cree un fondo de compensación destinado a ayudar a las víctimas del amianto.

Parlamentarios y representantes de ASVIAMIE, en el exterior del Congreso de Madrid. (J.DANAE / ARGAZKI PRESS)
Parlamentarios y representantes de ASVIAMIE, en el exterior del Congreso de Madrid. (J.DANAE / ARGAZKI PRESS)

Se trata de una iniciativa que el Parlamento autonómico aprobó el pasado 9 de febrero por unanimidad, en ese caso con el voto favorable del PP, que ahora el Congreso deberá decidir si admite a trámite.

Los parlamentarios de Gasteiz, junto con representantes de la Asociación Víctimas Amianto Euskadi (ASVIAMIE), se han reunido con diferentes grupos políticos de la Cámara Baja tras registrar la propuesta.

El presidente de ASVIAMIE, Jon García, ha valorado la actitud de la Cámara autonómica y ha detallado que el proyecto que se ha presentado se resume en cuatro capítulos. En el primero, se recoge «la naturaleza y organización del fondo», especificando «fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa».

En un segundo punto se determina aquellos que «están obligados a cotizar al fondo», como son los empresarios y las mutuas, así como las personas «titulares de derechos».

El tercer capítulo hace referencia al procedimiento. «Se pone un plazo de seis meses como máximo para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva por parte del fondo de compensación».

En el resto de la ley se hace mención a las acciones de subrogación y en una disposición final se plantea «la obligación del gobierno a que en un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la ley», se apruebe el decreto de estructura y organización del fondo.

También expone que «el inicio de las actividades se hará con cargo a los Presupuestos Generales que se aprueben al año siguiente de la aprobación de la ley», un mecanismo para evitar la posibilidad de que el Gobierno español vete su tramitación alegando que altera los Presupuestos en vigor.