Eurodiputados instan a revisar el delito de «terrorismo» en el Estado español tras el caso de Altsasu

El grupo de eurodiputados que llevó al Parlamento Europeo el caso de Altsasu ha presentado esta  mañana una iniciativa parlamentaria en la que defiende que la petición de 375 años de cárcel para los ocho jóvenes de esta localidad navarra tiene su origen en una incorrecta trasposición en el Estado español de la legislación europea que define el delito de «terrorismo».

NAIZ|BRUSELAS|2017/07/20 14:19
Gaztelu
Concentración en la plaza del Castillo por la puesta en libertad de los jóvenes de Altsasu. (Idoia ZABALETA / ARGAZKI PRESS)

Por estas razones solicitan a la Comisión que revise este proceso de adaptación de las leyes estatales a las europeas y que contraste si lo ocurrido en este caso concuerda con las previsiones sobre proporcionalidad de las penas que se recogen en el artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
 
En su iniciativa parlamentaria Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao Barandica (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu) recuerdan que la pena de 375 años de cárcel está vinculada a la participación de los ocho jóvenes acusados en «una trifulca con cuatro personas, dos de ellas guardias civiles, tras un encuentro fortuito en un bar de Alsasua (Navarra) en la madrugada del pasado 15 de octubre. La lesión más grave fruto de estos hechos fue una fractura de tobillo».
 
En la iniciativa se describe igualmente el procedimiento empleado por el fiscal para tratar de convertir lo sucedido en un delito de «terrorismo». Así se recuerda que el escrito de acusación parte de la base de que los jóvenes «agredieron a los agentes para reivindicar la sustitución en el País Vasco y Navarra de las fuerzas de seguridad estatal por otras de carácter autonómico. Como esa reivindicación, prevista en la legislación interna, era defendida también por ETA, organización inactiva y desarmada, les acusa de un delito de terrorismo».

A juicio de los firmantes de la iniciativa la construcción completa del auto de acusación «no encaja con las definiciones comunitarias de terrorismo» que aparecen en varias directivas y decisiones marco europeas. Además es inconsecuente «con la aplicación que en otros casos de agresiones contra policías se hace del código pena» en el propio Estado español.
 
Por estas razones este grupo de diputados quiere que Bruselas examine si la trasposición de las previsiones comunitarias sobre el «tratamiento penal del terrorismo» es correcta en el Estado español.  La iniciativa insiste en que este tipo de arbitrariedades «son incompatibles con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta de derechos Fundamentales» por lo que pide una opinión al respecto. Finalmente se interesan sobre que planes tienen la Comisión y Eurojust para armonizar criterios en este campo.
 
Marina Albiol, Xabier Benito, Izaskun Bilbao Barandica y Josu Juaristi completan con esta iniciativa un plan desarrollado para recordar en Europa la grave vulneración de derechos fundamentales que afecta a estos jóvenes. Además de esta actividad los firmantes han realizado varias actividades para subrayar que la aplicación de una reforma del código penal efectuada al calor de los atentados yihadistas está originando graves vulneraciones de derechos fundamentales en el Estado español. Este grupo organizó una visita de los padres de los jóvenes afectados a Bruselas, donde mantuvieron encuentros con representantes de diversos grupos parlamentarios. Igualmente han enviado una carta explicando lo sucedido al presidente y los comisarios responsables de Estado de derecho y Justicia y a los coordinadores que cada grupo parlamentario tiene en la comisión de libertades del Parlamento Europeo