En primer lugar, Maza se dirige al fiscal superior de Catalunya y le manda impartir su instrucción general a los responsables de los cuerpos policiales, concretamente al general jefe de la zona de la Guardia Civil, al jefe superior de Policía en Catalunya y al Major del Cos de los Mossos.

Esta instrucción la deben remitir a «los servicios y unidades centrales a su mando» para que en sus funciones de policía judicial elaboren atestados en caso de que se realicen preparativos para la consulta.

En segundo lugar, ordena a los fiscales jefes de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona notificar la instrucción del fiscal superior a los responsables de las fuerzas de seguridad en cada uno de esos territorios con el fin de que actúen del mismo modo.

Estos fiscales notificarán asimismo, por orden de Maza, su instrucción a los fiscales jefes de área de cada provincia «para que estos las cumplimenten en su respectiva demarcación».

Además, emplaza al fiscal superior y a los fiscales jefes a remitir instrucciones particulares si tienen conocimiento de cualquier acto concreto dirigido a la organización del referéndum, y a que incoen diligencias de investigación y formulen denuncias o querellas cuando reciban atestados o tengan conocimiento por otra vía de actos preparativos del 1-O.

Cierre de webs y advertencia a medios de comunicación

A su juicio, la notoriedad de la prohibición de la organización hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente «constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos».

La instrucción afirma que los pronunciamientos del TC dejan clara la «falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido», por lo que «queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación».

La Fiscalía también ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O.