Tras una reunión este mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil y Policía española en Catalunya, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o «particulares en connivencia con aquellos» dirigidos a preparar y celebrar del «referéndum de autodeterminación ilegal».

En una nota de prensa, la Fiscalía ha afirmado que a los mandos policiales se les ha recordado que «queda fuera de toda duda la ilegalidad» de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum.

Concretamente, la instrucción de la Fiscalía incluye requisar «urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

Asimismo, la Fiscalía ha indicado a los cuerpos policiales que deben «elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno» ante los «actos» encaminados a preparar y celebrar el referéndum que lleven a cabo «autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos».

Ante esas situaciones, añade el Ministerio Público, la policía judicial «procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes».

Desobediencia, prevaricación y malversación

La Fiscalía ha recordado a los mandos policiales que la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum «hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores» puedan constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que recuerda está penado con hasta ocho años de cárcel.

Tras la reunión de este martes, la Fiscalía prevé este miércoles reuniones en el mismo sentido en las fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los máximos responsables de Guardia Civil, Policía española y Mossos d'Esquadra en las «cuatro provincias catalanas» intervenir en el caso de la celebración del referéndum interviniendo material si es necesario, y elaborando el correspondiente atestado ante «cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares».

La primera actuación de este tipo la hizo el viernes y el sábado la Guardia Civil al entrar en una imprenta de Constantí (Tarragona) y en la sede de la revista ‘El Vallenc’ en Valls (Tarragona) por posible relación con material relacionado para el 1-O.

Puigdemont: «Que dejen tranqulos a los Mossos»

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha pedido «dejar tranquilos» a los Mossos d'Esquadra en estas semanas previas al 1 de octubre, y ha subrayado que su «prioridad» no es «retirar urnas» sino «velar por la seguridad de la gente».

En declaraciones a RAC 1, Puigdemont ha advertido a la Fiscalía de que los Mossos d'Esquadra «tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente», no ir en busca de las «más de 6.000 urnas repartidas por el territorio» que ha asegurado que habrá el 1-O para celebrar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Si los Mossos reciben una orden judicial para que retiren urnas del referéndum, «harán lo que deban hacer», que es «defender los derechos de la gente y velar por la seguridad de las personas», y «no se desviarán de este objetivo», ha advertido.

Puigdemont ha recalcado que los Mossos «no deben hacer política» sino limitarse a «cumplir su trabajo», y ha reiterado que organizar un referéndum «no es ningún delito».