La juez de instrucción ha dado por cerrada la investigación sobre el caso y considera que «indiciariamente» se ha acreditado que fue «irregular» el aval encubierto que dio el expresidente de la red de parques tecnológicos de la CAV, JuliánSánchez Alegría al gerente del proyecto Epsilon, Joan Villadelprat. Con este aval Villadeprat obtuvo un crédito bancario que finalmente tuvo un coste de 16,4 millones de euros para las arcas públicas debido a la quiebra de esta firma automovilística que aspiraba a competir en la Fórmula 1.

Villadelprat fue absuelto de los delitosde administración desleal, alzamiento de bienes e insolvencia punible por los que fueron juzgados por la venta en 2011 de la rama de competición a la escudería Epic Racing. Sin embargo, sí fue condenado por la quiebra de Epsilon.

Según publica hoy el digital ‘El Diario Norte’, Sánchez Alegría desoyó además un informe del servicio jurídico del parque tecnológico de Miñao en el que se advertía de que ese aval encubierto «excedía el objeto social del parque y que incluso podría tratarse de una ayuda de Estado a una empresa», algo prohibido en la Unión Europea.

La imputación contra Sánchez Alegría se centra en lo ocurrido a finales de 2008, cuando el Estado rechazó la petición de Villadelprat de hacer una nueva inyección de 20 millones de euros debido a la delicada situación económica que ya sufría Epsilon.

Ante esa negativa el parque tecnológico de Miñao accedió a ejercer de avalista encubierto para que Epsilon obtuviera un crédito de las cajas Kutxa y Caja Vital para financiar la sede automovilística.

Finalmente el proyecto automovilístico vasco quebró a pesar de haber recibido alrededor de 48 millones de euros de ayudas públicas, la mayoría del Gobierno español. Entonces Kutxabank ejecutó el acuerdo y Lakua se vio obligado a comprar el edificio de Epsilon en Miñao por 16,4 millones de euros.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Sánchez Alegría al considerar que «estaba al corriente de todos los inconvenientes de la operación, de las cuestiones que eran insalvables y los decidió obviar», lo que redundó en «un evidente perjuicio patrimonial al PTA».

Julián Sánchez Alegría también está imputado en el llamado ‘caso De Miguel’, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Araba, liderada por exdirigentes y cargos del PNV, que también buscaba al parecer obtener contratos y adjudicaciones públicas.