Andoni Unzalu es un habitual de las tertulias políticas en los medios públicos vascos y sus opiniones son conocidas, pero lo que hace especial su intervención hoy en Euskadi Irratia es que desde el pasado 20 de setiembre Unzalu es el director de Gabinete y Comunicación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo que dirige el consejero Alfredo Retortillo.

En la tertulia de Euskadi Irratia, Andoni Unzalu ha defendido expresamete y a pregunta de la conductora del programa la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha explicado que no determina tanto la anulación de la autonomía de Catalunya, como tomar el mando de determinados poderes, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra.

Preguntado también sobre si ve posible la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido que «si sigue así no veo que haya otro camino». Y luego ha relativizado la importancia de esto. «Es tan grave es la situación –ha asegurado– que no creo que lo importante sea debatir si se detiene a una u otra persona».

El ‘Código ético y de Conducta’ del Gobierno de Lakua recoge que los cargos públicos no deben participar en tertulias y debates «en los que se perciba cualquier tipo de retribución o compensación económica, sea directa o indirecta». En las tertulias de EiTB se combina el pago por participar en tertulias a profesionales y la participación gratuita de políticos.

En el mismo texto legal se recoge que los altos cargos «podrán participar en el debate y en los procesos de deliberación en cualquier medio de comunicación o en actos públicos defendiendo las posiciones propias de su Gobierno. No obstante, cuando se distancien en algún punto concreto (siempre que este no sea sustancial) de esas posiciones gubernamentales deberán abstenerse de intervenir o, en su defecto, manifestar que sus opiniones son estrictamente personales y ajenas, por tanto, a la política gubernamental».

El ‘Código ético y de Conducta’ del Gobierno de Lakua señala que «deben abstenerse de discrepar o criticar abiertamente a través de medios de comunicación, redes sociales o por Internet, sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno». Y añade que «en el caso de que la persona titular del cargo público mantenga tal discrepancia amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, deberá, por coherencia institucional, presentar la correspondiente dimisión de su cargo, que podrá ser admitida o no por el órgano competente para aprobar el cese».

Por último, en materia de intervención en medios de comunicación, el Código especifica que «salvo que se trate de entrevistas o reportajes de contenido neutral», la participación «deberá realizarse previo consentimiento expreso o tácito del Gobierno o del cargo público superior jerárquicamente, salvo que el objeto de tales entrevistas o reportajes trate sobre materias ajenas completamente a su ámbito de competencia gubernamental».