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El PP recurre las ayudas para estudios de violencia de motivación política en Nafarroa

El PPN ha presentado un recurso de alzada en el que pide la suspensión de la orden navarra por la que se convocan ayudas por importe de 30.000 euros para investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos en contextos de motivación política.

Ana Beltrán, en una fotografía de archivo. (Idoia ZABALETA/ARGAZKI PRESS)
Ana Beltrán, en una fotografía de archivo. (Idoia ZABALETA/ARGAZKI PRESS)

El recurso, ha explicado en conferencia de prensa la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha sido presentado al considerar los populares que esta orden navarra vulnera la suspensión por el Tribunal Constitucional español de la mayor parte de la Ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

En concreto, se vulneraría a juicio del PP la suspensión por el Constitucional del artículo 1.2.a de la ley, que obligaba a las instituciones navarras a adoptar medidas para «esclarecer al máximo los hechos y documentar los casos existentes de una forma veraz y coherente, con el propósito de fijar la verdad de lo sucedido».

El Gobierno de Nafarroa, ha asegurado Beltrán, ha «colado» este punto suspendido en una orden, aprobada el pasado 12 de septiembre por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, intentado «saltarse» la suspensión del Tribunal Constitucional español «por la puerta falsa».

En ese sentido, ha denunciado que en Nafarroa haya «un Gobierno capaz de saltarse una orden del Tribunal Constitucional por la puerta de atrás, pensando que nadie se iba a dar cuenta».

Beltrán ha asegurado que uno de los aspectos «más graves» de esta orden es que en su exposición de motivos se argumenta «vagando en la ambigüedad», ya que el texto «no deja claro quiénes han sido las víctimas y quiénes han sido los asesinos».

Por estos motivos, se han presentado un recurso de alzada pidiendo la suspensión de la orden foral y, si el mismo es rechazado, ha apuntado Beltrán, se acudirá probablemente a la vía contencioso-administrativa.