El informe encargado al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, que hace suyo el Gabinete Urkullu, constata algo denunciado durante décadas por los familiares de las personas presas y que moviliza a una mayoría social en el país: el sufrimiento que causa el alejamiento. A través de 14 entrevistas a 17 allegados de presos, los integrantes del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe recopilan testimonios en los que se ahonda en las consecuencias de la política de dispersión, las dificultades a las que se enfrentan semanalmente las familias para poder estar unos pocos minutos con sus seres queridos encarcelados a cientos y cientos de kilómetros –más de 200 prisioneros se encuentran a más de 1.200 kilómetros de su lugar de residencia habitual–, los costes económicos o la dificultad añadida de que el prisionero esté enfermo.

Esos testimonios, para los que han contado con la colaboración de Etxerat, muestran las distintas aristas del alejamiento, con mención especial al centenar de menores que tiene a sus progenitores en prisión, aquellas personas mayores o con movilidad reducida, o los accidentes de tráfico que periódicamente se suceden. Uno de los autores del trabajo, José Ramón Intxaurbe, ha destacado el «enorme esfuerzo físico, emocional y de oportunidad» que deben realizar las familias, que son el único nexo de unión entre el preso y la sociedad.

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, además de asegurar que el alejamiento es «una causa de sufrimiento añadido a las familias, el informe recoge que esa política «no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria», mencionando la reeducación y reinserción social». Asimismo, los autores del documento sugieren que se abandone la política «generalizada» de alejamiento y se apueste por el «retorno a un tratamiento individualizado de las penas».

Respecto a este último aspecto, quienes rubrican el documento recomiendan que «la norma general debería ser la del cumplimiento de las penas en centros penitenciarios cercanos a los lugares de residencia habitual de las personas penadas y sus familiares». «El tratamiento individualizado –apuntan– debería estar justificado a partir de la constatación de la peligrosidad de cada persona interna con base indicadores internos y externos».

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha explicado que el informe ahonda en las consecuencias del alejamiento desde la perpectiva de las familias, apoyando las tesis que defiende desde hace un tiempo el Ejecutivo. Para Fernández, el documento de 30 páginas puede ayudar a comprender la realidad que viven los allegados de los presos.

«Aquí no hay vertientes partidistas ni utilitarias para expresar una realidad que es nítida», ha subrayado. Fernández, que ha reconocido que no percibe «receptividad» en el Gobierno español para dar el paso de acabar con el alejamiento, ha añadido que «el paso del tiempo y las circunstancias van a ayudar a que se produzca» ese cambio que ansían. «Cambiar la política de alejamiento no tiene costos y tiene beneficios, especialmente desde el punto de vista de las familias», ha defendido.