Una portavoz de la compañía ha confirmado a Efe la operación judicial que se está desarrollando en la mañana de este miércoles, sin entrar en más detalles.

Según la emisora ‘France Info’, cinco instalaciones de Lactalis –incluyendo la sede de la empresa para Europa en Choisy-le-Roi, en la región de París–, son objeto de estos registros, dirigidos por investigadores de la Gendarmería de Angers y de la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medio Ambiente y a la Salud.

Los magistrados instructores actúan en el marco del procedimiento judicial abierto a finales de diciembre por «engaño agravado por el peligro para la salud humana» y por incumplir el procedimiento de retirada de productos.

Uno de los objetivos es determinar quién estaba al corriente de la contaminación que se produjo en la factoría incriminada y desde cuándo.

A comienzos de diciembre, las autoridades sanitarias francesas establecieron el vínculo entre un brote de salmonela entre bebés, que se había constatado desde agosto, y la leche en polvo infantil fabricada en Craon.

Eso dio lugar a tres retiradas sucesivas de lotes de productos que habían salido de esa factoría durante ese mes. Sin embargo, la semana pasada se supo que leche y papillas de esos lotes teóricamente retirados habían seguido vendiéndose en supermercados o farmacias y se habían continuado repartiendo en guarderías y hospitales.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, al menos 35 bebés enfermaron de salmonelosis en el Estado francés a causa de esa contaminación durante los últimos meses de 2017. Un bebé también contrajo salmonelosis en el Estado español y las autoridades sanitarias han dado cuenta de otro caso sospechoso en Grecia.

Lactalis afirma no haber podido todavía determinar con precisión el origen de esa contaminación, aunque reconoce que el pasado verano ya había detectado la presencia de salmonela en sus instalaciones de Craon.

El Gobierno francés, que ha exigido a Lactalis que recupere y destruya la totalidad de los productos fabricados en Craon –12 millones de botes de leche en polvo y cereales para bebés, según la portavoz de la compañía–, que se exportaron a 83 países, anunció ayer que reforzará la obligación de que las empresas comuniquen los resultados de controles sanitarios que sean desfavorables.

El Ejecutivo prevé asimismo un plan de control específico sobre la cadena de producción y los productos lácteos en polvo para niños, que estará en vigor en un plazo de tres meses.

La Fiscalía de París abrió a su vez una investigación a finales de diciembre por «heridas involuntarias» y «puesta en peligro de la vida de terceros».